Parece que el Gobierno de Canarias, en plena crisis sanitaria, económica, social y de cuidados, se decanta por implantar la enseñanza virtual en todas las etapas educativas para “continuar el proceso educativo”. Esta crisis, que estamos viviendo a nivel global, nos afecta a todas las personas, pero no nos afecta por igual. Muy al contrario, ha puesto de manifiesto las carencias que siempre han presentado nuestros sistemas públicos de educación, sanidad y bienestar social, pero que ahora se han hecho más patentes. Por ello, se hace necesario que las miradas desde los despachos, las urgencias y las actitudes prepotentes no impidan ver la realidad y lo que es verdaderamente importante. Precisamente es ahora, cuando las familias están confinadas en sus casas, cuando las vulnerabilidades que tiene nuestro alumnado se hacen más evidentes. ¿Por qué, como se ha hecho en otros ámbitos de la sociedad, las autoridades educativas no se han parado a pensar en qué función debería cumplir la escuela en estos momentos?, ¿por qué no cuentan con las comunidades educativas para buscar soluciones efectivas, humanistas y realistas? Estamos viviendo una catástrofe que formará parte de la historia. No podemos pretender actuar como si aquí no pasara nada. Sería importante priorizar la salud emocional de niños, niñas y adolescentes, apoyar a las familias en la salida de este bache, y aprovechar todos los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia.
Nuestros niños, niñas y jóvenes, en reclusión.
Cuatro semanas ya de confinamiento. ¡Y dos más, como mínimo, por delante! Las afrontamos conscientes de que el esfuerzo es necesario, pero estarán de acuerdo conmigo en que en más de una ocasión hemos sentido frustración, agobio, miedo, desánimo…, poniendo a prueba nuestra estabilidad emocional. Todo ello muy influenciado por la situación que se viva en la casa donde estemos recluidos. Si esto nos ocurre a las personas adultas, ¿cómo lo pueden estar viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes? Se les confina, se les priva del aire libre, de la calle, del colegio / instituto, de su familia extensa, de sus amistades, de su grupo de compañeros y compañeras con quienes comparten sus días, sus clases, sus actividades, sus recreos, sus sueños, sus locuras, sus pilladas, sus intimidades, sus alegrías, sus enfados, sus experiencias… Y según avanzan los días, viven como la crispación, el cansancio, la ansiedad, el estrés emocional, y en algunos casos los episodios de violencia, aumentan en sus hogares, en los que se mantienen unas intensas relaciones y situaciones para las cuales las personas adultas disponemos de algunas estrategias para afrontarlas, pero que nuestros niños, niñas y jóvenes todavía están aprendiendo.
A todo lo anterior hay que sumarle la diversidad de los requerimientos que llegan desde los centros educativos, produciendo en ocasiones aún más crispación en la convivencia familiar. Ante las confusas instrucciones de la Consejería de Educación, nos encontramos con una amplia variedad de respuestas escolares, desde los centros que han hecho una labor de apoyo y empatía con su alumnado y sus familias, pasando por los que han implantado un horario escolar online con deberes diarios, hasta los que se encuentran superados por las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de su alumnado, cuyas familias sufren especialmente las consecuencias del escenario provocado por la pandemia del coronavirus.
Estremece pensar las vivencias que pueden estar teniendo nuestros niños, niñas y jóvenes, en su amplia diversidad. Según las informaciones publicadas en la prensa, el alumnado de cuota cero en los comedores escolares está siendo atendido. Pero ¿quién se hace cargo de aquellos aspectos también fundamentales para su desarrollo personal, social, afectivo y emocional, cuando las familias son incapaces por carecer de herramientas para ello o por el desbordamiento que les está suponiendo la actual situación? ¿No requiere el momento actual un trabajo integral desde el ámbito educativo, con la intervención de diferentes profesionales? ¿Cómo se puede prescindir en estos momentos de los 36 educadores y educadoras sociales, que han trabajado durante tres cursos escolares en alrededor de 70 centros educativos de Canarias, en lugar de ampliar su número y definir claramente sus funciones en el periodo de emergencia? Cuando el gran problema de la equidad educativa lo tenemos en los centros ubicados en contextos de especial precariedad, las educadoras y los educadoras sociales podrían trabajar para buscar recursos, asegurar el acompañamiento emocional, el apoyo, el trabajo de rutinas, el seguimiento, la facilitación de herramientas… a las niñas, niños, adolescentes y familias más vulnerables, a las que es especialmente difícil llegar. Preocupa que la pérdida de este colectivo profesional sea por la misma razón que la dada en relación a las sustituciones, en la mesa técnica con los sindicatos del 3 de abril, en la que la Consejería informó que la intención es realizar todas las posibles, atendiendo a “la racionalización del gasto público de la actual situación, valorando y adoptando unos criterios pedagógicos y jurídicos ecuánimes”. Desde el 12 de marzo, al menos en la página web de la Consejería, no aparece ningún nombramiento. Cuestión de “racionalización”, ¿tal vez de prioridades? En esta situación excepcional, pareciera que se están echando más en falta a las máquinas y no tanto a las personas. Lo digo por la tan cacareada brecha digital.
No es la brecha digital, es la brecha social.
La decisión de continuar las clases de manera telemática ante una crisis como la del coronavirus parecería la más razonable, en pleno siglo XXI. Sin embargo, en Canarias, no es una solución factible para todas y todos. En este periodo de cuarentena en casa, las comunidades educativas han realizado grandes esfuerzos para continuar las clases y reforzar y ampliar los contenidos trabajados en los centros. Pero estos grandes esfuerzos no han podido evitar que se extienda la sensación de impotencia, porque pretender hoy que el sistema educativo canario realice su función a distancia con equidad es una quimera. Un momento especialmente duro ha sido el de la segunda evaluación, que la Consejería de Educación mandató realizar, con la correspondiente comunicación de notas a las familias. De forma virtual, el profesorado ha tenido que decidir notas y proponer planes de recuperación, siendo consciente de que esta información, remitida de forma fría y lejana a los hogares en la actual situación de incertidumbre, para poco bueno serviría y que estos planes van a ser imposibles de llevar a cabo.
Antes de las crisis por la COVID-19 Canarias contaba con mucha población en riesgo de pobreza, con altas tasas de desempleo, con gran cantidad de empleo de baja calidad (ya sea por la temporalidad o por la parcialidad), con fuertes carencias habitacionales, con un modelo económico que, estructuralmente, es tremendamente frágil y dependiente, con los trabajos de cuidados – que se han vuelto esenciales para sostener el confinamiento – invisibilizados y poco valorados, con un alto abandono educativo temprano, con importantes tasas de repetición de curso y de alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social, con ratios muy altas, con plantillas insuficientes, con falta de especialistas, con horarios lectivos de los docentes sobrecargados, con escasa participación familiar, con un nivel cultural bajo de la población adulta en su conjunto… La crisis afrontada en este marco estructural evidencia que las emergencias no son solo las sanitarias.
Y es en estas circunstancias en las que dice la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias que la razón que impide “garantizar la continuidad pedagógica obligada por el carácter constitucional del derecho a la educación” es la brecha digital, y por eso “se están habilitando, en colaboración con las administraciones locales, la adquisición de tabletas y tarjetas de datos”. Bienvenida sea esta medida. Cierto es que el derecho a la educación incluye la garantía y provisión gratuita de los recursos necesarios para el aprendizaje, pero no es el único factor que favorece la desigualdad educativa. La brecha educativa no viene ocasionada solo por la dificultad de acceso a la tecnología, sino va a estar determinantemente marcada por la realidad que vive el alumnado, que también delimitirá el uso que haga de esta tecnología, un uso indiscriminado de la pantalla o un acompañamiento en su uso y en el proceso de aprendizaje por parte de la familia.
Los docentes que día a día conviven con su alumnado saben que no todas las casas son un buen espacio educativo, que las alumnas y los alumnos que más dificultades tenían cuando iban a clase, que preocupaban cómo llegarían los lunes, también son quienes menos atención educativa pueden tener ahora, porque sus familias no poseen las capacidades, el tiempo o los recursos para hacerlo. Las dificultades se agravan cuando necesitan una atención especializada e individualizada, con especialistas, materiales y entornos adaptados, y sus familias se encuentran perdidas y desasistidas.
Podemos imaginar lo que está ocurriendo en estos momentos y lo que sucederá cuando el alumnado vuelva a nuestros centros. ¿Será posible que nuestro gobierno canario esté atento a estas necesidades y les busque solución, obligados “por el carácter constitucional del derecho a la educación”, como dice la Consejera? ¿O el cese de la labor de las educadoras y educadores sociales es una muestra de cómo va a abordar la equidad educativa en tiempos del coronavirus?
En los colegios en los que he trabajado hasta el curso pasado, en el informe que se enviaba a la Consejería evaluación tras evaluación, hemos insistido, año tras año, en que el bagaje socializador que trae y vive en casa nuestro alumnado marcaba su avance y que era imprescindible una intervención socio educativa real, con disminución de ratios, trabajo personalizado e integral desde la escuela con la participación de diversos profesionales, apoyo socio-económico-cultural a esas familias, trabajo menos burocratizado y más comunitario… ¡Nunca recibimos respuesta!
Por ahora, además del anuncio de la Consejera de que se va a dotar a las familias de tabletas y tarjetas de datos, han colgado en sus redes sociales las guías “Enseñar y aprender desde casa” elaboradas por el Grupo de Investigación EDULLAB de la Universidad de La Laguna en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en la que se recoge que “La educación a distancia o el estudio en casa con niños, niñas y adolescentes no puede desarrollarse sin el concurso y apoyo de las familias. Como hemos indicado, esta modalidad formativa se basa en el autoaprendizaje de los estudiantes. Los menores de edad, en este sentido, necesitan la presencia de una persona mayor que les anime, estimule, controle y tutorice durante el tiempo de interacción de ese niño con un material o entorno virtual.” ¡Queda claro!
No podemos permitir que la brecha social cree aún más distancia en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. No es el momento de priorizar el “avance en la agenda digital educativa”. El profesorado seguirá proponiendo actividades, aprovechando las cosas cotidianas como recurso o situación de aprendizaje, generando momentos agradables, apoyo y acompañamiento en estos días de confinamiento, y lo harán de todas las formas que les sea posible. De ello hablaremos en una próxima reflexión. Pero no les pidan lo imposible. Si se quiere cumplir el mensaje planteado por la ministra Isabel Celaá, y asumido por la Consejera Mª José Guerra de «que ningún alumno, que ninguna alumna se quede atrás», hay que dar prioridad a las personas, no a las máquinas.
