La portavoz parlamentaria en materia social de Nueva Canarias (NC), Carmen Hernández, valoró hoy, en la Diputación Permanente, que la flexibilización de la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), decretada por el Gobierno canario, permita llegar de una manera rápida a un millar de nuevas familias en riesgo de exclusión social afectadas por la pandemia del coronavirus. La parlamentaria del grupo nacionalista progresista sostuvo que, razones de justicia y paz social, justifican una protección económica permanente como el ingreso mínimo vital anunciado por el Ejecutivo estatal. Hernández abogó por contar con la experiencia de las comunidades autónomas para diseñar esta medida.
Durante la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, para explicar la gestión realizada en la crisis de la Covid19; Carmen Hernández trasladó sus condolencias a todas las familias de los fallecidos, ánimo a quienes luchan por superar esta enfermedad y reconocimiento a todos los organismos y personas públicas y privadas que contribuyen a afrontar este desafío.
Tras expresar una prudente satisfacción por empezar a encarar las situación, la portavoz de NC valoró la menor incidencia de esta virulenta enfermedad en las islas, fruto del empeño del cuatripartito para “adelantarse” a los acontecimientos y del “encomiable” trabajo de las corporaciones locales para, entre todos, generar “confianza” mediante la adopción de medidas de protección y otras ayudas sociales.
Para Carmen Hernández, el real decreto de medidas sociales del Ejecutivo canario se inscribe en la responsabilidad de las administraciones públicas para hacer frente a la incertidumbre generada por la pandemia. Con una cuantía de 62,2 millones de euros, la diputada nacionalista refirió las 30.000 familias que recibirán el ingreso de emergencia tras haberse quedado sin entradas económicas por situaciones sobrevenidas, como las trabajadoras del hogar. También apeló a las más de 17.000 familias que dejaran de pagar los alquileres de sus viviendas sociales los meses de abril y de mayo.
Para Hernández, la flexibilización de los trámites de la PCI es una de las iniciativas más relevantes ya que permitirá que más de un millar de nuevas familias en riesgo de exclusión social puedan acceder a esta ayuda permanente con celeridad. Con las modificaciones decididas, añadió, la PCI es “más útil” además de que actualiza su cuantía al IPC, con carácter retroactivo al 1 de enero de este año.
La parlamentaria de NC apeló a razones de justicia y de paz social para defender la necesidad de arbitrar una “protección” económica “permanente”, como el ingreso mínimo vital anunciado por la Administración estatal. Carmen Hernández planteó que las comunidades autónomas colaboren en el diseño e impulso de esta propuesta.