El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un contrato con Indra para diseñar, desarrollar y evaluar una prueba piloto de una aplicación de rastreo a través del teléfono móvil que permitirá notificar a los contactos de un usuario el riesgo de contraer la Covid-19 tras haber simulado contagios en la isla canaria de La Gomera.
Esta prueba piloto, impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, en coordinación con el Servicio de Salud de Canarias, se pondrá en marcha el próximo 29 de junio en La Gomera durante dos semanas y su tecnología se basará en la conexión “bluetooth” del móvil, según han informado fuentes del Gobierno en nota de prensa.
Su objetivo es evaluar los aspectos técnicos de la aplicación y la experiencia de uso del ciudadano con el fin de optimizar su diseño y grado de confianza que ofrece. Además servirá para calibrar el algoritmo de la aplicación con el fin de garantizar la veracidad de las notificaciones.
La decisión sobre si esta aplicación se implantará en el resto de España se adoptará una vez concluida y evaluada la prueba piloto en un escenario real. La última palabra la tendrán las comunidades autónomas, según fuentes gubernamentales.
En estos momentos, “la mayoría de países europeos se encuentran en fases similares del desarrollo de herramientas de alerta de contagios”, según las fuentes, que han aludido a Francia, Italia o Alemania, que las han lanzado en las últimas semanas.
España es el cuarto país del mundo en lanzar un piloto con la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de Apple y Google. De ellos, este será el primer piloto que se preocupa por la experiencia de usuario y el único que simula contagios, lo que permitirá recabar mejores datos.
Los países que participan en los trabajos comunes a nivel europeo, entre ellos España, han acordado la interoperabilidad de sus soluciones tecnológicas.
La aplicación utiliza la conexión “bluetooth” del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente.
Cuando dos terminales han estado próximos durante un determinado periodo de tiempo, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro. Se entiende que existe riesgo si el contacto ha sido al menos durante 15 minutos y a menos de dos metros, según han informado fuentes gubernamentales, que se basan en criterios sanitarios para establecer este sistema.
Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de la covid-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, puedan enviar una notificación anónima.
De esta forma, los móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se facilitarían instrucciones sobre cómo proceder.
Durante el piloto de esta herramienta se pondrá a prueba su experiencia de uso para validar que es comprensible y manejable para la ciudadanía.
Además se comprobará su funcionamiento a través de identificadores ficticios, con positivos y negativos generados, de forma que se pueda comprobar cómo funciona el sistema de notificaciones ajustando su umbral operativo para evitar que haya distorsiones en un futuro escenario real.
Fuentes del Gobierno han explicado que a priori se considera que la muestra sería representativa si esta aplicación se la descargaran cerca de 3.000 personas. Si alcanza esa cifra, la idea sería introducir unos 300 contagiados simulados.
El desarrollo utiliza un modelo descentralizado, basado en el protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T), el más respetuoso con la privacidad del usuario.
Esto implica que sólo se envían al servidor los identificadores cifrados que cada móvil emite, no los que recibe de otros terminales cercanos. El cotejo de datos y análisis de riesgo se lleva a cabo siempre en el móvil del usuario y no en un servidor, lo que garantiza la privacidad.
Esta aplicación cumple, por tanto, con todas las garantías fijadas por la normativa europea.
El uso de la aplicación será voluntario. La Agencia Española de Protección de Datos ha participado en el proceso previo a la puesta en marcha de este piloto y participará también en la evaluación de los resultados. El contrato con Indra para esta aplicación tiene un importe de más de 330.537 euros.
