El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado cautelarmente la resolución de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias por la que trataba de establecer la obligatoriedad para los empleados públicos de la Comunidad canaria de tomar el 60% de sus vacaciones antes del 30 de septiembre de 2020, lo que contraviene las disposiciones vigentes en materia laboral.
La resolución del Gobierno canario establecía la obligatoriedad para todos los empleados públicos de disfrutar de sus vacaciones antes del 30 de septiembre del 2020, lo que implica que, como dice el auto, «los empleados públicos afectados deban solicitar las mismas de forma atropellada e inminente, lo que les obligará a cursar inmediatamente sus solicitudes». Se trata de algo que, como señala el magistrado, podría producir importantes trastornos a los empleados públicos, ya sea porque hubieran tenido ya reservadas sus vacaciones para otras fechas o porque las hubieran planeado para una mejor conciliación de la vida laboral o familiar.
El auto, a instancias de la Federación de Servicios a la Ciudanía de Comisiones Obreras Canarias, reconoce la potestad del Gobierno canario para adoptar medidas de carácter excepcional, pero recuerda que, según el artículo 37.1 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, estas medidas, cuando afectan a asuntos como las vacaciones deben ser objeto de negociación con los representantes de los trabajadores, algo que no se ha producido en ningún caso, lo que conculca el artículo 28 de la Constitución Española en lo que respecta a la libertad sindical.
Una forma de proceder “extraordinariamente anómala”
Para la coordinadora de Comunidad Autónoma de FSC-CCOO, Ana González, esta actitud no negociadora del Gobierno canario, se ha convertido ya «en la forma de proceder, extraordinariamente anómala, para un ejecutivo compuesto por partidos progresistas, que debería hacer alarde de todo lo contrario». No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que esto ocurre, pues «es la tónica general» en el protocolo de vuelta al trabajo en el curso de la actual pandemia de Covid-19, en el que el Gobierno canario ha rechazado negociar las condiciones laborales, incluido el teletrabajo.
González recuerda que, en la reunión con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, a comienzo del mandato, éste se comprometió a mantener una relación de transparencia, diálogo y negociación con los sindicatos, una actitud que los representantes de los trabajadores aplaudieron «pero que no se ha visto refrendada por una actuación que camina justo en el sentido contrario». La coordinadora de Comunidad Autónoma de FSC-CCOO señala que esta actitud del Gobierno canario es particularmente inadecuada «por cuanto se da un mal ejemplo al sector privado, tomando decisiones al margen de la negociación con los trabajadores en asuntos en los que la negociación es preceptiva». Para González, se trata de «una inexplicable invitación al conflicto laboral, lo cual es una estrategia particularmente irresponsable en un momento en el que lo que las organizaciones sindicales tienen el brazo tendido para conseguir el mayor grado de unidad que la sociedad se pueda alcanzar».
González apunta que el sindicato no se niega a valorar, negociar, cooperar y atender cualquier motivo que pudiera dar lugar a que en la situación en la que nos encontramos fuera recomendable en determinados servicios tomar medidas con carácter excepcional, “pero nunca sin negociación previa, sin conocer sus motivos y de una forma tan genérica, que perjudica a los trabajadores y a los servicios que se prestan”.