El pasado 27 de junio fue publicado el Real Decreto-Ley 24/2020 a través del cual se procede a la ampliación temporal, hasta el 30 de septiembre, de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs) realizados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, convirtiéndose así en Ley los acordado en la Mesa de Concertación Social del 24 de junio en la que los denominados agentes sociales, entre ellos CC.OO y UGT, firmaron lo que unos días después fue sancionado por el Consejo de Ministros.
El mencionado Real Decreto establece una serie de medidas de “obligado cumplimiento” las empresas acogidas a esta figura, bien sean ERTEs de causa mayor o ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tales como, la prohibición de realizar horas extraordinarias, impedir, realizar subcontrataciones de servicios, o la prohibición de realizar contrataciones de personal directa o indirectamente. Sin embargo, el propio acuerdo establece, también que dichas condiciones podrán alterarse en circunstancias extraordinarias.
A cambio de ello y gracias al mantenimiento de la figura de la regulación de empleo temporal las empresas dejaran de pagar entre el 40 y 60 %, en función de la dimensión de la plantilla de la empresa, de las cotizaciones de cada trabajador o trabajadora sacada de su ERTE correspondiente y entre el 25 y el 40% para los que si permanezcan. Las empresas podrán además modificar condiciones sustanciales de trabajo tales como la jornada laboral.
En Canarias, con una mezquina clase empresarial, ya sabemos que las condiciones impuestas a las empresas serán incumplidas sistemáticamente como ya está sucediendo, aumentando la carga de trabajo de quienes son rescatados de los ERTEs mientras sus posibilidades de acumulación siguen aumentando merced a las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y al ahorro salarial. Con lo cual no será necesario que realicen esfuerzo económico alguno mientras el dinero público será comprometido, una vez más, para cubrir sus espaldas y mantener sus márgenes de beneficios, mientras nuestra sanidad, enseñanza y servicios sociales siguen deficientemente financiados.
Desde Intersindical Canaria afirmamos que existen tanto en nuestro país, Canarias, como el estado español, otras medidas que pueden ser puestas en funcionamiento para la protección real de los trabajadores y trabajadoras afectados por la pandemia sanitaria, en el último caso venimos reclamando desde antes de la misma que se exija la devolución de la ilícita financiación realizada a la banca en la anterior crisis y asciende a más de 60.000 millones de euros y se pongan al servicio de la mejora de las condiciones económicas de los sectores más desfavorecidos por la pandemia, trabajadores y trabajadoras, personas desempleadas, pensionistas y jubiladas. Otro tanto sucede en Canarias con la figura de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que debe ser modificada para ponerla al servicio de una gran Plan de Empleo digno que diversifique en paralelo nuestra economía.
No es de recibo, que mientras en el Archipiélago se agudiza la desigualdad social entre ricos y pobres, una vez más la patronal se financie con dinero público mientras la clase trabajadora sigue en condiciones paupérrimas provocando aún mayor aumento de la pobreza en Canarias. Hay que recordar que el 64% de los canarios se encuentran en el límite de sus posibilidades y más del 36% en riesgo de pobreza y exclusión social.