La Comunidad Autónoma de Canarias tenía, hasta mayo de 2019, 428,4 millones de euros en subvenciones pendientes de justificar, según los datos presentados a la Comisión de Hacienda del Parlamento regional por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El informe destaca el caso del Instituto Canario de la Vivienda, «que mantiene inalterables sus saldos pendientes de justificar desde el ejercicio 2016» por más de 50 millones de euros.
En algunos casos se utilizan aplicaciones informáticas inadecuadas para el seguimiento de los expedientes de subvenciones, concluye la Audiencia de Cuentas.
«La mayoría de los centros gestores no cuentan con los planes de control que contempla la normativa vigente en materia de subvenciones», se quejan de la falta de personal y se han perdido expedientes con motivo de las reestructuraciones orgánicas en el Gobierno de Canarias, sobre todo de ejercicios anteriores a 2010, prosigue el informe fiscalizador.
«Muchos de los expedientes se encuentran ilocalizables» y otros han prescrito, de modo que «en caso de existir expedientes de derechos pendientes de cobro efectivamente prescritos se podrían deducir indicios de responsabilidad contable», advierte la Audiencia de Cuentas.
Este informe fue recibido de manera dispar por los representantes parlamentarios.
400 millones, una cifra menor para Coalición Canaria
Aunque la mayoría lamentaron la pérdida de fondos públicos, que atribuyeron a una gestión administrativa deficiente, la diputada de CC-PNC Rosa Dávila, anterior consejera de Hacienda, quitó importancia a la cifra de 400 millones de euros al compararla con el volumen de subvenciones que da la Comunidad Autónoma, que solo en 2019 alcanzaron los 5.500 millones.
Por el contrario, Iñaki Álvaro Lavandera, PSOE, subrayó que 400 millones de euros no es ninguna cantidad menor, si se tiene en cuenta que el superávit presupuestario que finalmente se ha autorizado a gastar a la Comunidad Autónoma es de 389 millones.
«Hemos tenido 30 años de gobiernos en los que no se ha dado importancia a tener una administración eficiente y transparente», en los que se impusieron «la mediocridad y las malas prácticas», algo que se ha empezado a corregir, aunque no hay fácil solucuón, dijo el representante socialista.
