El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha solicitado al Gobierno central que flexibilice las condiciones impuestas hasta ahora para que los ayuntamientos puedan hacer uso del superávit, a la par que ha reiterado la necesidad de que esta medida pueda ser aplicada también a los cabildos canarios, dada la singularidad de esta administraciones locales.
El diputado autonómico recordó que la pérdida de recursos a la que están haciendo frente las administraciones locales de Canarias asciende a 593 millones de euros, por lo que reiteró la urgencia de disponer de los mecanismos que aporten financiación a cabildos y ayuntamientos. “Lo que estamos pidiendo desde estas corporaciones es que se nos permita gastar el superávit y, si fuese necesario, hacer uso de los remanentes y, en el marco de lo probable, la posibilidad de acceder a una mayor capacidad de endeudamiento”, expresó.
Asimismo, Curbelo llamó la atención sobre la importancia de las corporaciones locales de llegar a un acuerdo coherente con el Estado para atender las necesidades de los ciudadanos, a la par que remarcó que la intención del Gobierno central de hacerse con el remanente de las entidades locales para después, transferirlo como un crédito de 5.000 millones de euros a plazos, “no es una buena salida”. Por ello, demandó que estas líneas de apoyo se adapten a la realidad de estas instituciones y no se transformen “en un simple préstamo”.
“Las entidades locales necesitan liquidez para hacer frente a las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, atender a sus peticiones y, especialmente, apoyar a aquellos colectivos más vulnerables, además de para favorecer la reactivación de la economía, ya que cabildos y ayuntamientos son a la primera puerta a la que llaman los vecinos”, defendió el portavoz de ASG en la Cámara regional.
A juicio de Curbelo, los requisitos impuestos por el Gobierno central para que los municipios puedan hacer uso de sus ahorros no son suficientes para dar respuesta a la crisis sanitaria, social y económica generada por la Covid-19. “Muchos ayuntamientos, e incluso la Fecam, han mostrado su malestar con la idea de que el Gobierno tutele tanto los fondos a utilizar como los fines a los que deben ir destinados; una idea que compartimos desde este grupo parlamentario ya que consideramos necesario una mayor flexibilidad ya que cada localidad tiene una realidad distinta”, apuntó.
El diputado regional incidió en que “no es razonable que el Estado otorgue en concepto de subvención a los ayuntamientos 2.000 millones este año y 3.000 en 2021 y que el resto lo transfiera en un periodo de diez años”. “Entiendo las dificultades de liquidez que está atravesando el Gobierno central, pero las corporaciones públicas canarias han hecho la tarea económica y tienen más dificultades”, aseveró. “Lo más prudente es la Femp, la Fecam y la Fecai sigan trabajando para hacer adoptar al Gobierno España un acuerdo de reparto más equilibrado, coherente y satisfactorio con los intereses del municipalismo, los cabildos y el propio Estado”, dijo.
