Esta semana hemos vivido un hecho histórico. La Unión Europea ha tomado una decisión sin precedentes: suscribir una deuda solidaria de la que responderán todos los gobiernos, para distribuir recursos de forma proporcional a las necesidades de los países miembros.
El discurso de España y de su presidente, Pedro Sánchez, apelaba a esa responsabilidad. ¿De qué vale una Unión Europea que no es capaz de ser solidaria con aquellos países que más lo necesitan? La oposición, representada por las naciones llamadas “frugales” —Holanda y Austria, principalmente— terminó cediendo posiciones. Y la Unión Europea tomó uno de los acuerdos que con mayor claridad contribuyen a crear conciencia de un sentimiento de pertenencia a una Europa unida.
La confianza va de abajo hacia arriba. Desde los ciudadanos hacia las instituciones donde se decide su futuro. Pero la responsabilidad va de arriba hacia abajo. Desde los que tienen el poder hacia aquellos a quienes sirven. Por eso, el gesto de la UE ha sido tan importante: porque demuestra el compromiso de los gobernantes con los pueblos —con todos los pueblos— de la gran Europa.
La batalla que nuestra Comunidad tiene que librar ahora dentro del marco del Estado es precisamente esa. Las Islas Canarias son un hecho excepcional dentro de España. Lo son geográfica, económica y socialmente. Somos un hecho peculiar recogido dentro del Tratado de Lisboa de la UE, donde se reconoce nuestra lejanía y nuestra situación en la ultraperiferia, con los sobrecostes que ello supone para cualquier actividad. Y somos excepcionales porque nuestra economía es totalmente dependiente de un sector económico, el turismo, que ahora mismo ha desaparecido a consecuencia de la pandemia del coronavirus.
Desgraciadamente somos peculiares por otras cosas que no son estructurales. Canarias es el territorio del Estado español —y uno de los de la UE— con la mayor tasa de paro. Y somos también una de las Comunidades con el mayor porcentaje de personas viviendo en exclusión social y pobreza severa. Tenemos los salarios más bajos del Estado y uno de los PIB per cápita más bajos. Dicho de otra manera: somos uno de los territorios más pobres de España.
Hasta el momento, esa situación no ha sido contemplada en ninguna decisión extraordinaria por el Gobierno de España. No es nada nuevo. Llevamos desde el año 2009 con un sistema de financiación que castiga a las islas y hace que los servicios públicos estatales que se prestan aquí —con mayores sobrecostes—- tengan menos recursos disponibles. Y sean peores. La Ley del REF que obliga a los gobiernos de España a no invertir en Canarias por debajo de la media peninsular, no se ha cumplido casi nunca, por no decir nunca. Y los convenios —como el de carreteras o el de infraestructuras turísticas— que formaban un bloque de financiación extraordinaria para las islas, se han ido vaciando de recursos. Canarias ha llegado a la pandemia del coronavirus y a la crisis económica que la ha seguido con las fuerzas muy menguadas y con una sociedad que estaba dando clarísimas señales de alarma.
El Gobierno español, a petición de ASG, se ha comprometido a elaborar un plan específico para la reactivación del turismo en Canarias, pero hay que ir más allá para entender y responder a las necesidades de las islas. Ya lo dijo una vez Jerónimo Saavedra, “la mayor injusticia es tratar igualmente a los desiguales”.
Las instituciones y los partidos políticos de Canarias tenemos que impulsar el reconocimiento de nuestra situación y de la gravedad de nuestras necesidades. La solidaridad de la Unión Europea se tiene que convertir en solidaridad dentro de España entre los territorios con mejores indicadores y mayor riqueza y los que padecen mayores problemas. Y las noticias no son buenas. Anunciar que Hacienda va a disponer del fondo de quince mil millones ahorrado por los ayuntamientos, sin distinguir que hay zonas más deprimidas y necesitadas, me parece un error muy grave. Y una injusticia, por mucho que entienda las necesidades de recursos públicos que tiene España.
Hemos iniciado el camino hacia una sociedad de iguales. Prueba de ello es el compromiso del Gobierno de Canarias con la sanidad, la educación y los servicios sociales, a los que se dedica el 83% de los recursos del presupuesto de la comunidad autónoma. Pero necesitamos de la ayuda del Gobierno de España para que esta crisis no vuelva a castigar a los más pobres. Que esta vez no la paguen las familias más necesitadas y las personas más vulnerables. Y eso significa que no la deben pagar los territorios con mayor pobreza y depresión. O somos capaces de defender esto con toda nuestra alma o volverá a suceder lo mismo de siempre.