Una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.
El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
En la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo tan sólo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra de PP, Junts y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista.
Partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, y la CUP que suman en torno a 190 escaños, vienen anunciando su voto en contra.
De hecho, alcaldes de hasta nueve formaciones políticas distintas se han unido este viernes para aprobar una declaración conjunta de rechazo al decreto ley. Son los regidores de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), Zaragoza (PP) y Valencia (Compromís).
En el caso concreto del PP, grupo con 88 diputados, se han referido con dureza al acuerdo entre el Gobierno y la agrupación municipalista, e incluso han amenazado con llevarlo a los tribunales. Asimismo han anunciado que lanzarán una ofensiva parlamentaria para lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit.
Ya en la Junta de Portavoces y en la reunión de Gobierno de la FEMP se mostraron muy críticos con la primera propuesta de Hacienda, algo que se acrecentó cuando finalmente el acuerdo se aprobó el pasado lunes. Varios dirigentes ‘populares’ hablan incluso de «robo» a las entidades locales por parte del Ejecutivo central.
También Vox, que cuenta con 52 diputados en el Congreso, ha reprochado al Gobierno central y, más concretamente al PSOE, lo que consideran que se trata de una «rendición» de los excedentes de tesorería. El portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la formación ‘socialista’ ha dado «un tirón de orejas» a Caballero respecto a lo que defendía en la comisión de reconstrucción hace apenas dos meses.
Por su parte, Ciudadanos, que ya votó en contra en la junta de Gobierno de la FEMP, también ha rechazado frontalmente el acuerdo y las declaraciones de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, hacen prever que su formación hará lo mismo en la votación del Congreso. «Hay una ausencia total de interés por parte de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición hacia los ayuntamientos», aseguró.
En el caso de ERC y Junts, que suman 21 diputados, también se han posicionado en contra del acuerdo y han arremetido contra el Ejecutivo central porque consideran que este documento de Hacienda va contra el municipalismo.
Otro que, a día de hoy, está en contra del acuerdo es EH-Bildu, con cinco diputados, que ha mostrado su «rechazo más rotundo» y ha exigido que se dé marcha atrás en esta decisión. El grupo vasco hace referencia al acuerdo suscrito con el PSOE y Unidas Podemos y reclama que las entidades locales puedan «disponer de su remanente para las políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales derivadas de la crisis del COVID-19».
Por su parte, el PNV ha anunciado que votará en contra porque considera que el decreto no va en la línea del Concierto Económico porque «no respeta la especificidad foral».» La tutela financiera de los ayuntamientos vascos corresponde a las diputaciones forales y eso es algo que debe quedar muy claro, no corresponde al Estado», ha señalado el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.
En paralelo, Compromís, el BNG, Foro Asturias, Coalición Canaria, Navarra Suma, el PRC, Nueva Canarias y la CUP también han mostrado su rechazo al acuerdo del Gobierno con la agrupación municipalista. El partido valenciano lo hizo a través de un comunicado en el que consideraba que era un «atentado contra la autonomía municipal», mientras que el BNG lo calificaba de «incautación».
Por su parte, Foro Asturias cree que el acuerdo se trata de un «parche para salvar la cara» a la propuesta inicial del Ministerio de María Jesús Montero, y Coalición Canaria, Nueva Canarias y la CUP coincidían con el resto de grupos en señalar que era una «mala noticia» para el municipalismo.
En el caso de Navarra Suma, ha llegado incluso a presentar mociones en varios ayuntamientos y en el Parlamento de la Comunidad Foral en contra de esta propuesta. El PRC, muy crítico con el acuerdo, también está estudiando posibles medidas en los ayuntamientos donde gobierna.
La abstención de Unidas Podemos en la agrupación municipalista se produjo finalmente tras varias negativas de este grupo, que llevaron al presidente de la FEMP a aplazar en varias ocasiones la reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando la propuesta con el Ministerio de Hacienda y garantizarse la mayoría suficiente como para sacar adelante el acuerdo.
Sin embargo, desde Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se han mostrado muy críticos con el acuerdo y se atrevieron a decir incluso que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista.
Desde En Comú, el socio catalán del grupo confereal, han sido los más vehementes a la hora de cargar contra la propuesta de Hacienda, algo que ha sido recientemente verbalizado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aseguró que el decreto era «un error» y llamó a seguir trabajando desde «la unidad municipalista» para que se modifique en el Congreso.
