Canarias es, sin duda, una de las comunidades autónomas más golpeadas por la crisis social y económica que la pandemia deja en España. Las consecuencias en el desempleo son muy duras y las previsiones se antojan complicadas. A nadie se le escapa que vivimos en estos días lo que se puede denominar como una segunda oleada de contagios, pero a diferencia de antes, disponemos de los instrumentos para reducir su capacidad de expansión.
Lo importante es la responsabilidad, no sólo de las administraciones públicas, sino de cada uno de los ciudadanos. No podemos bajar la guardia. Hay que cumplir con la obligatoriedad del uso de mascarillas, la limitación de 10 personas en reuniones y el cierre del ocio nocturno, entre otras. No son decisiones que se toman a la ligera, son directrices que hay que asumir para no caer en riesgos mayores.
Ni nuestra economía, ni los hogares canarios están preparados para otro golpe. El daño causado en la estructura productiva del Archipiélago deja más pobreza e incertidumbre, y hace más que necesaria la extensión de medidas extraordinarias como los ERTE, que dan cobertura a más de 200.000 trabajadores por cuenta ajena y 40.000 autónomos.
Hoy nadie puede ni debe dudar sobre su continuidad. Es el momento de afianzarlos y prolongar su vigencia hasta el final de la realidad que vivimos. Está claro que la recuperación será lenta y escalonada, con algún retroceso, por lo que estos apoyos son ahora más que necesarios, especialmente, en aquellos sectores vinculados con el turismo.
El daño que padece este sector deja datos históricos con una caída de las pernoctaciones hasta el mes de julio superior al 80% y la pérdida de más de 5 millones de turistas en lo que va de año. Está claro que ante este escenario el Estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta clara y con garantías para Canarias.
No valen acciones generalizadas para todo el territorio nacional. Hay que articular planes específicos como los que hemos pedido en reiteradas ocasiones para el turismo o el empleo, ya que el impacto de la caída de visitantes y el consiguiente cierre de gran parte de la actividad del sector servicios, son argumentos suficientes para ponerlos en marcha, porque de lo contrario, estaríamos condenados a un fracaso estrepitoso que se puede evitar.
También es momento de aprender de los errores y la Unión Europea tiene un reto: una política de movilidad común con PCR en origen y destino, porque de la seguridad del turista depende, en gran medida, la recuperación del sector, evitando las recomendaciones de no volar a Canarias dictaminadas por nuestros principales mercados emisores.
Las próximas semanas serán cruciales. Estamos ante un reto sin precedentes. Sin embargo, tenemos el firme compromiso de estar al lado de los ciudadanos y con el convencimiento de que Europa, Estado y Canarias vayan de la mano.