El alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, valora negativamente el último decreto del Gobierno central que permitiría al Estado recabar hasta 15.000 millones de euros del superávit de los Ayuntamientos, a cambio de ceder 5.000 millones, a lo largo dos años, y el resto a lo largo de los siguientes quince. “Un engaño a la ciudadanía en un momento crítico en el que necesitamos contar con todos los ahorros que tenemos a nuestro alcance en los bancos, acumulados durante años, para atender a los servicios sociales, a la creación empleo y a aquellas iniciativas orientadas a la sostenibilidad que permitan mejorar el municipio y prepararlo para un futuro mejor”.
En este sentido, adelantó que el Ayuntamiento contaba con cinco millones de euros de remanente para este año destinados a un importante plan de barrios y empleo que ha quedado paralizado ante este “decretazo” del Gobierno.
“La atención a las personas y familias más afectadas por la crisis, el apoyo al comercio y a las pequeñas empresas, así como el hecho de que somos capital de la isla y principal puerto de entrada, con los costes que ello lleva aparejado, nos obliga a redoblar esfuerzos para poder garantizarlos y eso sólo se consigue con más recursos, que irónicamente tenemos en las cuentas corrientes y que no podemos tocar por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Sector Público”, apuntó.
Por este motivo, Reyes consideró esta cesión injusta, siempre que se mantengan los términos actuales que recoge este real decreto y que plantea la obligatoriedad de entregar la totalidad del remanente. “Confiamos en que el decreto se flexibilice en su trámite parlamentario en septiembre porque en la situación actual se hace muy difícil explicar a la ciudadanía como sus ahorros no van a ser destinados a ellos cuando más falta les hace, sino que van a ir a las arcas del Estado para financiar el déficit público”.
Además, adelantó que el Ayuntamiento, al igual que el resto de los Consistorios, tendrá un presupuesto en 2021 notablemente más bajo que este año debido a la pérdida de ingresos, lo que se traducirá en un menor gasto, ajustes en servicios y un parón en el capítulo de inversiones, por lo que se hace más necesario que nunca que “lo han pagado los vecinos con sus impuestos hay que devolvérselo ahora, no en el 2032”, ha sentenciado.
Asimismo, planteó la necesidad de que se alcance un acuerdo entre todos los partidos políticos que permita derogar la Ley Montoro y dar acceso a los Ayuntamientos a los recursos que les permitan atender a sus vecinos “sin límites, porque no debemos olvidar que somos las instituciones más cercanas a los vecinos, con las que se actúa de una manera más injusta, y a las que primero se nos piden soluciones”.
Finalmente, se mostró tajante ante el chantaje que supone el hecho de que “si los ayuntamientos prestan sus fondos pueden tener acceso a los fondos europeos del Covid y a otros métodos de financiación, pero si no, no”. Por ello, abogó por un reformulamiento de esta medida, que deje a un lado el empecinamiento de la ministra de Hacienda del Gobierno y que incluya, entre otros aspectos, soluciones para aquellos Ayuntamientos que no cuentan con remanente y que van a salir muy mal parados de esta crisis.