El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy miércoles, por unanimidad, el decreto ley del Gobierno canario que permitirá que las personas que actualmente son beneficiarias de pensiones no contributivas o de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) puedan obtener una ayuda extraordinaria de 250 euros.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, recordó que esta paga extra va dirigida a 50.000 personas y, si bien reconoció que la cuantía es poca, destacó el esfuerzo que ha hecho la Comunidad Autónoma para llevar a cabo esta medida, invirtiendo 13 millones de euros.
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, afirmó que este decreto ley de «propaganda» es una muestra más de la «falta absoluta» de planificación del Gobierno, así como una «falta de respeto» al Parlamento por haber empezado a efectuar el pago de esta ayuda antes de que la norma se haya debatido en la Cámara. También criticó que no se vaya a fiscalizar dónde destinarán este dinero los beneficiarios.
La diputada Melodie Mendoza, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), incidió en que la aprobación de esta ayuda es «urgente y necesaria» porque, de no hacerse, se dejará desprotegidos a miles de canarios cuya «ya complicada» situación de vulnerabilidad podría empeorar.
Por parte de Sí Podemos Canarias, María del Río criticó que algunos partidos, como Cs, hayan puesto en duda a dónde irá este dinero y tan sólo lamentó que no se haya dado antes porque las pensiones no contributivas siguen siendo «muy bajas» y «no permiten salir de la pobreza».
En esta misma línea se pronunció Carmen Hernández, de NC, quien consideró «terrible» que se pida fiscalizar este decreto cuando va dirigido a personas que no cobran más de 350 euros al mes, y añadió que esta iniciativa no hace más que sumarse a una corriente ciudadana de «arrimar el hombro».
La diputada del PP Lorena Hernández lamentó que miles de familias se hayan quedado fuera de este decreto y espera que esta no sea la línea de actuación de la Consejería, sino que mejore el sistema para ayudar a las miles de familias que «lo están pasando mal» y para las que augura un año 2021 «muy complicado».
Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, incidió en que este decreto ley es la prueba de la «incapacidad» de la gestión de los recursos de 2020 y el «abandono» al espíritu fundamental de la Ley de Servicios Sociales. Además, criticó que no se haya abierto una convocatoria pública para las miles de familias que no tienen ningún ingreso desde abril.
Valido también exigió al Gobierno que complemente las pensiones no contributivas con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, tal y como «prometió» Ángel Víctor Torres en campaña electoral: «Déjense de 250 euritos».
Para cerrar el debate, la diputada socialista Lucía Olga Tejera dijo que es una satisfacción despedir el año con la aprobación de esta ayuda, una medida de impacto sobre la población más desfavorecida y un «pequeño respiro» para más de 50.000 hogares en las islas.
