a última vez que me sentí perplejo ante el uso de la fórmula de “secreto oficial” para impedir la difusión de una información fue cuando Paulino Rivero declaró secreto el expediente de contratación de la obra de reforma del cuarto de baño de su residencia en Ciudad Jardín, para ocultar que su señora esposa se había gastado 600 pavos en las escobillas del retrete. Eran los comienzos del Paulinato y yo no entendí que Rivero tuviera la faz tan diamantina como para convertir ese asunto en “materia reservada”, amparándose en una ley diseñada para proteger la seguridad del presidente. Luego el Paulinato siguió, vino lo que vino, y acabé por entenderlo todo. Incluso lo de las escobillas me resultó pecata minuta.
Una perplejidad similar a la de entonces me embarga al conocer que el ministro Ábalos ha decidido no hacer público el informe encargado por el ministerio a la universidad catalana Pompeu Fabra, sobre los motivos que provocaron la subida de los precios en los trayectos de Canarias a la Península, tras la famosa subida de las subvenciones aéreas del 50 al 75 por ciento, de la que tanto presumió el diputado Pedro Quevedo.
Ábalos considera –como Rivero en su momento con las escobillas– que el asunto es “materia reservada”, aunque eso no implica que haya tirado de la ley de secretos oficiales, como hizo en su día el presidente canario, con su decreto y todo.
La historia arranca incluso antes de aprobarse el aumento de la subvención, cuando desde distintas tribunas algunos alertamos de que el aumento de la subvención provocaría un aumento simultáneo y casi automático de los precios –algo que ocurrió inmediatamente– y que pasar del 50 al 75 por ciento –una opción razonable para los vuelos interinsulares, en los que no se han producido esas subidas– no era la mejor opción para los vuelos con Península, entre otras cosas porque favorece especialmente a las rentas más altas.
A pesar de todo, la propuesta de Quevedo, a la sazón diputado 176, fue obviamente aceptada, y al poco los precios de los vuelos se dispararon.
Tras la moción de censura contra Rajoy, cuando entraron los socialistas, Ábalos cuestionó la eficacia del 75 por ciento, pero se encontró con el enérgico rechazo de todas las fuerzas políticas canarias, PSOE incluido, a cambiar el descuento, ya incorporado al nuevo REF. Después de unos meses de tira y afloja, Ábalos decidió salir por el camino de en medio y solicitar varios informes sobre las causas de la subida de precios, a la Airef, a la CNMVC (la comisión nacional responsable de la Competencia, y el que ahora nos ocupa, a la Pompeu Fabra, que fue entregado ya hace tiempo, pero el ministro no ha querido hacer público.
Contestando a una pregunta de Fernando Clavijo en el Senado Ábalos alude a las “limitaciones legales” a que está sujeta la difusión del informe, dado su “carácter restringido” y su condición de “información reservada”, que impiden –según el ministro– que los datos que contiene sean cedidos o comunicados fuera del ámbito del Gobierno.
Ojipláticos deben haberse quedado sus señorías en el Senado. Aunque el propio Ábalos despeja en parte la curiosidad sobre los motivos de considerar “reservado” un informe académico que ha costado al erario público 14.990 euros, justo diez menos que el límite de un contrato menor de los que se pueden adjudicar a dedo: “el informe no tiene por qué reflejar la postura del Ministerio”, ha dicho el ministro. Lo que sí refleja son las liquidaciones realizadas a las aerolíneas por la subvención a la residencia. Y eso es lo que no debe saberse. Porque resulta escandaloso.