Son muchos a los que cada día, cuando suena el despertador, se les hace cuesta arriba vestirse y armarse de fuerzas para abrir su comercio, gimnasio, restaurante, cafetería, tienda o incluso su alojamiento turístico. La calculadora hecha humo cada vez que hacen cuentas y lo cierto es que los números no dan para mantener a duras penas su negocio, pagar las nóminas a sus empleados, los impuestos y demás gastos a los que tiene que hacer frente un autónomo y pyme. La cuesta de enero este año se hace aún más escarpada y sinuosa que en años anteriores, son muchas las facturas sobre la mesa y escasos los recursos, tanto que los más agoreros aseguran que el 20% de los pequeños comercios no resistirá los embates de esta crisis y se verá abocado al cierre.
La ola de frío Filomena se ha aliado con la tercera ola del virus complicando aún más si cabe el día a día de la ciudadanía, lo que ha provocado fuertes subidas en la factura de la luz a la que muchas familias no pueden hacer frente. Sólo en Canarias son más de 55.000 familias las que reciben ayudas a través del bono social para poder iluminar y calentar sus hogares, pero lo cierto es que ante estas escaladas en la tarifa de la luz, esta ayuda no resulta suficiente. Necesitamos que el Estado articule medidas que complementen este bono para garantizar que ninguna familia sufre pobreza energética.
Ante este tortuoso y gélido panorama, las Administraciones públicas estamos obligadas a responder y actuar con rapidez. La crisis que vive el mundo entero, y en concreto nuestras Islas, requiere de una política con mayúsculas marcada por la solidaridad con los que peor lo están pasando. Y lejos de quedarnos de brazos cruzados, los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno regional estamos inmersos en la lucha contra el dichoso virus, pero también en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la precariedad.
El Gobierno canario se rebana los sesos para poner en marcha cuanto antes un plan especial de ayudas directas que traigan recursos adicionales a los empresarios, pymes y autónomos. Son más de 129 mil los trabajadores por cuenta ajena que luchan a contracorriente por salvaguardar sus negocios y con ellos la economía de muchas familias de las Islas. Es cierto que se están haciendo muchos esfuerzos a nivel regional pero no es menos cierto que precisamos de la ayuda del Estado para mantener las constantes vitales de nuestro tejido productivo. Nuestras singularidades, fruto de la lejanía y la insularidad, a las que sumamos nuestra dependencia con el exterior y con el turismo, que sufre uno de los peores momentos de su historia, demandan una mayor inversión pública a nivel estatal para pasar este duro temporal.
Mientras luchamos por la llegada de estos recursos adicionales que precisa nuestro tejido productivo, desde los ayuntamientos y cabildos seguimos haciendo nuestra tarea para mejorar la vida de nuestros vecinos porque mientras ejerzamos nuestra obligación como representantes públicos seguiremos estando al lado de nuestra gente y sobre todo de los que peor lo están pasando. Por eso, en La Gomera fuimos de los primeros en poner en marcha una línea de ayudas a los autónomos y pymes, con una inversión de 1.815.400 euros que ha contribuido al mantenimiento de sus negocios, esenciales para generar riqueza y puestos de trabajo en nuestra Isla. Ellos son el motor de la economía insular y ahora necesitan del impulso desde lo público para paliar de algún modo tanta incertidumbre generada por la pandemia y sus consecuencias, por lo que estamos a punto de activar una nueva línea de ayudas que traerá más recursos que aseguren su supervivencia.
Nuestro trabajo es impulsar el camino hacia la recuperación económica y en este objetivo no podemos dejar desasistidos a las personas más vulnerables y a los que sufren en mayor medida los estragos de la pandemia global. Desde lo público trabajamos cada día pensando en ellos, en su bienestar, por lo que es necesario que el Ingreso Mínimo Vital tenga un mayor alcance de lo que ha tenido en Canarias. Tan sólo 7.000 familias se han beneficiado de esta ayuda de unos 83.000 expedientes válidos, por lo que debemos volcar todo nuestro empeño en el apoyo a los más perjudicados en esta crisis.
Ahora más que nunca precisamos de una política marcada por la justicia social y la solidaridad. Una política social a todos los niveles que logre recuperar el entusiasmo y la ilusión de nuestra ciudadanía para salir cada día a la calle y construir una Canarias que genere oportunidades para todos.
