El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, mostró su satisfacción por el respaldo de la Cámara regional a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por su grupo, con el objeto de asegurar la supervivencia del sector del plátano, a través de la excepción para Canarias en el establecimiento del precio mínimo de venta, de tal modo que quede recogido en la Ley de la Cadena Alimentaria que se tramita en las Cortes Generales, al tiempo que se otorga el tratamiento singular y específico que merece por su condición de producto de región ultraperiférica.
“Es esencial que hablemos con una sola voz, haciendo de todos la PNL presentada por ASG, sin atender a siglas sino solamente a las demandas del sector, en aras de asegurar la supervivencia de una actividad que supone el sustento de 8.000 agricultores y sus familias en las Islas”, destacó.
Curbelo subrayó que la iniciativa presentada por su grupo, no sólo defiende al sector del plátano. “Defiende a Canarias, a los más débiles y por supuesto defiende la protección de los costes del Estado del bienestar. Defiende la cultura del plátano, que es una forma de vida, defiende fijar la población al territorio, el paisaje y el medio ambiente”, subrayó. Por todas esas razones, reiteró que es de justicia que se escuche en Madrid la voz de Canarias y que prevalezcan los intereses de todos los agricultores y de las Islas.
Recordó que el plátano supone una masa salarial bruta de más de 180 millones de euros, con una aportación de unos 485 millones de euros al año, siendo el mayor producto exportador de las Islas. “Son más de 12.000 empleos directos y hasta 4.000 los indirectos que genera esta actividad de la que dependen más de 15.000 familias en las Islas”, concretó.
El diputado autonómico remarcó que la modificación de la ley que se tramita es un “disparate” para Canarias y sus exportaciones de plátanos y de aprobarse tal cual está redactada, supondrá la muerte de los pequeños productores de plátanos frente a la competencia de la banana. “Entre otras cosas, porque establece un precio mínimo para cubrir los costes de producción, lo que implica que el precio de venta se dispare frente a las bananas importadas”, aclaró.
“Si finalmente se establece este precio mínimo de venta, algo que no afectará a la banana, las Islas perderán más de 100 millones de kilos el primer año, lo que se traduce en más paro y pobreza, suponiendo la pérdida de renta para muchas familias y la desaparición de fincas”, lamentó.
En este sentido, puntualizó que la modificación de la ley que se tramita en el Congreso de los Diputados, cuyo plazo concluye el 17 de marzo, puede empobrecer aún más a los consumidores, que ya hacen frente a una de las cestas de la compra más cara de España, fruto de los sobrecostes de la insularidad y la doble insularidad.
Por todo ello, esperó que el Estado atienda a las demandas del sector, que son las de Canarias también, con el objeto de que rectifique y exceptúe al plátano en la ley que se tramita. “La situación del sector primario y en concreto del subsector del plátano requiere de una voz firme y unida para apoyar y proteger el futuro de una fruta que es la segunda con mayor volumen de comercialización anual en España, así que hagamos que se escuche bien fuerte”, concluyó.