Varios de los profesionales que impugnaron la oferta pública de empleo (OPE) del Servicio Canario de Salud de 2018, anulada por la justicia, están dispuesto a llegar a un acuerdo que permita la ejecución parcial de la sentencia para que no se incluyan los procedimientos selectivos que se hubieran llevado a cabo, asegura Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos. En un comunicado, la Mesa recuerda que el pasado 22 de febrero de 2021 se notificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el que se estima el recurso contencioso administrativo que se interpuso contra el decreto que regulaba esa OPE por diez médicos facultativos especialistas de área.
En su demanda, estos médicos denunciaban que el decreto recurrido incluía las plazas de estabilización de todo el personal estatutario (no solo las de los médicos), pero se ignoraba lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de 2018 en sus artículos 53 y 54, en lo que se refiere a establecer un proceso restringido para la consolidación del personal empleado público mediante concurso de méritos, siendo ésta una norma de rango superior.
El TSJC argumenta en el punto segundo de los fundamentos de derecho de la sentencia en cuestión que los recurrentes tienen razón «sin duda».
La Mesa de Confluencia señala que, como consecuencia de esta sentencia, se ha «criminalizado y tachado de culpables» a los denunciantes que recurrieron a los tribunales para defender lo que, en su opinión, podía constituir una irregularidad e incluso ilegalidad que menoscabara sus derechos, «como así consideró la Sala».
Indica que alguno de los demandantes forma parte de la organización de esta Mesa de Confluencia y son miembros del comité de huelga de los Facultativos Especialistas de Área temporales.
En opinión de la Mesa de la Confluencia, «esta campaña difamatoria persigue coaccionar y amedrentar» a los demandantes y al comité de huelga de la Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de Canarias «que representa legítimamente a los trabajadores a los que el SCS mantiene en situación de abuso de contratación temporal sucesiva en fraude de ley».
Aclara que el decreto 188/2018 se recurrió el 27 de febrero de 2019, con anterioridad no solo a que tuviera lugar el examen de algunas de las categorías comprendidas en él, sino también de que se publicara la convocatoria para tales pruebas, que tuvo lugar el 8 de marzo de 2019.
Sin embargo, a pesar de que el decreto estaba recurrido en los tribunales, «el director del SCS y sus servicios jurídicos decidieron seguir adelante con las convocatorias».
Además de mostrar el respaldo a los médicos demandantes que actuaban en defensa de sus derechos, consideran que tanto el SCS como los sindicatos mayoritarios de la Mesa Sectorial son los principales responsables de las consecuencias de la anulación de un decreto «cargado de inseguridad jurídica».
La Mesa de Confluencia comparte y apoya la actitud de los demandantes de solicitar la ejecución parcial de la sentencia para tratar de paliar los efectos «de la desastrosa gestión del SCS».
No obstante, puntualiza que «debe quedar claro a los afectados» que para poder hacer efectiva esta solución que se ofrece, la sentencia debe adquirir firmeza.
En el caso de que la Administración recurra esta sentencia sin esperar a su firmeza, «por más que los demandantes y esta Mesa de Confluencia quisiéramos ayudar a esas personas que superaron las pruebas, nada podremos hacer», aseguran.
Asimismo, hacen un llamamiento a la reflexión a todos los empleados públicos de Canarias, y más concretamente a todas las categorías del personal adscrito a la Consejería de Sanidad, para que sean conscientes de que si tienen contratos continuados sucesivos de más de tres años, «podrían encontrarse en situación de abuso de contratación temporal sucesiva y los animamos a luchar por sus legítimos intereses».
