El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha avanzado que el Gobierno acometerá una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para limitar la duración máxima de los contratos temporales en el sector público y para sancionar su abuso.
Durante su primera comparecencia en Comisión en el Congreso, Iceta se ha marcado como objetivo reducir la interinidad en las Administraciones Públicas para que la contratación temporal solo sea excepcional. Según ha dicho, se prohibirán por ley situaciones como las de empleados públicos en interinidad durante 15 o 20 años.
Ha avanzado que esta reforma legal no se hará por decreto ley, sino tras un proceso de diálogo social, político y con las administraciones, con la idea de tener un acuerdo para el verano, aunque ha dejado claro que la falta de acuerdo no será una excusa para dejar de legislar sobre esta cuestión.
El pasado mes de diciembre, el entonces secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, ya señaló en el Senado que se había avanzado con las comunidades autónomas en una nueva redacción del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a los funcionarios interinos, para poder sancionar el abuso de la temporalidad.
Iceta ha explicado que el próximo jueves 25 de marzo se retomará la negociación en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que el Gobierno planteará a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) propuestas concretas, que en paralelo se tendrán que negociar en el marco del diálogo social.
Entre otras cosas, se planteará la obligatoriedad de las Administraciones Públicas de cubrir las plazas existentes que ocupan personas sin contrato fijo, de forma que si no se cubre en un plazo determinado, esa plaza se perderá al entenderse que no se considera imprescindible.
Ha recordado que la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado (AGE) es del 7,04%, frente al 36,66% de las autonomías o el 12,28% de las administraciones locales, aunque ha reconocido que el Estado también tiene parte de culpa en la escalada de la temporalidad en otros niveles de la administración distintos a la AGE. «No quiero atribuir a nadie la responsabilidad única», ha dicho el ministro, que ha abogado por dar una solución a los 660.000 empleados públicos temporales.
La semana pasada el ministro ya se reunió con los sindicatos con representación en la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, a quienes reiteró el compromiso de bajar la tasa de temporalidad en el empleo público al 8%. En este sentido, este jueves ha dicho en el Congreso que se regulará una nueva ampliación de los procesos de estabilización, porque «se están desarrollando de manera más lenta de lo inicialmente previsto».
Dentro de esos procesos, ha propuesto asimismo la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural, como las labores de limpieza. «Si una persona ejerce una función permanente en la Administración, lo normal es que la desarrolle desde un contrato fijo, no desde una temporalidad que precarice su empleo y que además hace muy difícil plantearse el futuro», ha afirmado.
