La pandemia ha modificado nuestros hábitos. Hemos tenido que dejar a un lado los abrazos y los besos para aumentar la distancia social y evitar con ello dar oportunidades de expansión al maldito virus. Estas costumbres sociales tan arraigadas en nuestra sociedad deberán esperar un tiempo más hasta que podamos recuperarlas, pero sí es necesario que acortemos distancias en otros ámbitos, si bien puede parecer a priori una paradoja. Me refiero a la esfera política, a las relaciones que mantiene Canarias con el Estado e incluso con Europa.
Es en esta situación donde no debemos poner tierra de por medio sino construir puentes que acorten la distancia de nuestro Archipiélago con la Península. Estamos a más de 2.000 kilómetros de distancia geográfica del resto de españoles, pero ello no debe ser óbice para que los representantes políticos nos vean bajo un ojo miope que difumina nuestra realidad, convirtiéndonos en una nebulosa en medio del Atlántico.
No tenemos que plantarnos en Madrid cada vez que queremos que se atiendan nuestras necesidades, pero sin duda, parece que desde las Cortes Generales se agudizan los sentidos. Por eso, esta semana los presidentes de los siete cabildos insulares hemos comparecido en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, lo que nos permitió alzar nuestra voz para que los senadores tomaran buena nota de las reivindicaciones de todos los canarios.
Unas reivindicaciones que nacen de factores que perjudican gravemente el desarrollo de las Islas. La lejanía, la insularidad, la reducida superficie y la excesiva dependencia económica del exterior son condicionantes estructurales que no van a cambiar a lo largo de los años, ya que siempre estaremos lejos del continente europeo y seremos islas separadas por una gran distancia, por lo que siempre careceremos de materias primas. Resulta una obviedad que Canarias constituye territorialmente un hecho diferencial dentro de España, un hecho singular que existe desde su conquista y colonización por el Reino de Castilla y Aragón y que ha quedado contemplado en el Decreto de Puertos Francos y en la Ley del REF y en sus posteriores modificaciones, además de en el Estatuto de Autonomía.
No hablamos, por tanto, de privilegios sino de derechos que nos corresponden a todos los canarios para avanzar en la igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos del país. Esta situación que lastra nuestro crecimiento se acentúa en mayor medida en las Islas no capitalinas, donde sufrimos las secuelas de la doble insularidad. Todo ello nos lleva a una solución incontestable que pasa porque desde el Estado se vertebren políticas específicas de financiación que atiendan nuestras singularidades dentro de la asignación de recursos financieros públicos y de las políticas recaudatorias de la Hacienda central.
Unas medidas que también deben ser objeto de una regulación específica para paliar las patentes desigualdades existentes en las Islas, ya que siendo Canarias la comunidad que más desempleo ostenta y por ende, más pobreza y exclusión social, hay canarios que son más pobres que el resto, algo que ocurre en La Palma, La Gomera y El Hierro, carentes de grandes infraestructuras, y de una menor actividad comercial y turística, lo que conlleva a una población que permanece estancada y que se envejece cada día más.
Del mismo modo que existe un centralismo en España, también lo hay en Canarias, respecto de las Islas capitalinas con las no capitalinas. La vida de los canarios no es igual en todas las Islas, por lo que se hace necesario un modelo de financiación que cumpla criterios de solidaridad y que se ajuste a la realidad de cada territorio. Unos recursos que deben venir de la mano de la simplificación administrativa para garantizar que llegan a todos los canarios, y en especial, a los más vulnerables.
Canarias, como dice el popular villancico, es una sobre el mismo mar pero no olvidemos que precisamos de un atendimento diferenciado y en todo ello, nos consuela saber que no estamos solos en esta lucha.