El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en la Cámara regional, Casimiro Curbelo, aseguró, este lunes, que Canarias no puede permitirse seguir otros doce años más con un modelo que definió como “caduco a todas luces”, pues no responde a la realidad social del momento ni a las necesidades de los canarios. “Este modelo se diseñó en 2009 y ya de por sí era injusto con Canarias y desde 2014 perdió su vigencia, por lo que resulta obvio que el Gobierno central debe llegar a un acuerdo lo antes posible con las autonomías para confeccionar un sistema que responda a la realidad actual y a la de un futuro próximo para que sea lo más sostenible posible”, sostuvo.
Si bien Curbelo reconoció que no es una tarea sencilla de afrontar, pues depende de la negociación con el resto de comunidades autonómicas, precisó que “este esfuerzo es del todo necesario, a partir de la disposición de recursos adicionales para distribuir entre las autonomías, que en el caso de Canarias debe atender a parámetros socioeconómicos que palíen el delicado estado de nuestra economía derivado de los efectos de la Covid-19”.
Por ello, defendió la importancia de que la remodelación del sistema de financiación y su distribución de recursos se lleve a cabo en base a criterios objetivos como es el crecimiento poblacional y los indicadores sociales. “Canarias es una de las comunidades que experimentó un mayor crecimiento de la población el pasado año, solo por detrás de Baleares y Madrid, al tiempo que aumenta el desempleo, la pobreza y la exclusión social”, expuso. “Son criterios puramente objetivos que se deben tener en cuenta para garantizar un modelo justo y solidario con nuestras Islas”, añadió.
El portavoz de ASG apuntó que la redacción del nuevo sistema de financiación debe incorporar las singularidades de insularidad y lejanía de las islas, prestando especial atención a otros condicionantes como los sobrecostes derivados de la doble insularidad que afectan a las islas no capitalinas.
Una vez más, Curbelo argumentó la importancia de contar con un sistema que responda a la realidad actual, que impulse la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con el refuerzo de los servicios públicos, entre otras cuestiones. “El Estado no debe postergar más este compromiso, por lo que apelamos al diálogo y a la voluntad política para avanzar hacia un sistema que contemple parámetros sociales, como las más de 286.000 personas en desempleo y otras 86.000 acogidas a un ERTE, así como nuestro índice de pobreza y exclusión social, que supera el 35%, el elevado número de dependientes, la tasa de envejecimiento y el crecimiento poblacional, entre otros indicadores”, aseveró.