La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ventura del Carmen Rodríguez, ha solicitado este martes [4] en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, que el Gobierno canario apueste por la conservación del litoral de las islas tras recibir las competencias de Costas por parte del Estado, y que se oponga a la “presión de los intereses económicos y clientelares de los actores privados presentes en la costa”, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Rodríguez intervino en una pregunta a la Consejería de Transición Ecológica a petición de los socialistas para conocer cómo se llevarán a cabo las transferencias de las competencias de Costas del Estado a Canarias como recientemente se ha aprobado por parte del Gobierno de España, esperando que el Gobierno canario negocie las transferencias para garantizar la “integridad y la supervivencia” de las generaciones futuras. “Estamos convencidos que se negociará para que la zona costera, que es la zona más sensible y frágil, que incluye el mar territorial, las playas, acantilados, charcas o los humedales costeros, se conserven y protejan para el disfrute de la ciudadanía”.
La diputada socialista recordó en este sentido que la experiencia de la gestión autonómica canaria en el ejercicio de sus competencias sobre la costa en los últimos 25 años “no invita al optimismo, pues ha hecho lo posible por ignorar, rebajar o entorpecer la aplicación de las principales determinaciones protectoras de la Ley de Costas”.
Para Rodríguez, en esta nuevas competencias se deben incluir elementos para la progresiva y gradual adaptación de la costa a los retos del cambio climático, ya que, hasta el momento, no se ha tenido en cuenta “en ningún momento” los mapas de inundación elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2014, en cumplimiento del Real Decreto 903/2010 que traspone la Directiva de Inundaciones de la Unión Europea.
Además destacó que este traspaso de competencias es una antigua demanda del Archipiélago, recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en vigor desde el 6 de noviembre de 2018, y que ha sido gracias a la gestión de este Gobierno, tanto desde el Estado como en Canarias, por lo que se hará realidad esta demanda “histórica”.
“Sabemos que su gestión es complicada, pues sobre ella confluyen las funciones y competencias de varias administraciones públicas, y que se propondrán multitud de proyectos de promotores públicos y privados, además de las recomendaciones que llegan desde Europa, pero estamos seguros que su gestión redundará en la protección de nuestro litoral y su disfrute público”, añadió.
