La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, destacó en su intervención de este lunes, en comisión parlamentaria, la importancia de sumar fuerzas entre las administraciones para reclamar al Estado medidas compensatorias y de flexibilización presupuestaria que permitan a las entidades locales usar sus remanentes más allá del 2022.
Para Mendoza, es esencial que tanto los ayuntamientos como los cabildos puedan disponer de sus remanentes, contribuyendo a dar respuesta a las demandas actuales de la ciudadanía, que se han incrementado debido a los estragos que ha causado la Covid-19 en el tejido productivo de las Islas. “Tenemos que aunar todas las fuerzas políticas a nivel regional, junto con la Fecai y Fecam, para que el Estado dé luz verde a esta medida y que se mantenga hasta que se inicie de forma real la recuperación económica”, sostuvo.
Recordó que la inmensa mayoría de entidades locales cuentan con resultados contables y de remanentes de tesorería positivos, “por lo que es necesario que sigamos impulsando que el superávit de las administraciones locales canarias se pueda usar, tal y como lo hacen las comunidades autónomas”. “Esta medida ha sido esencial para los ayuntamientos, cabildos y para el propio Ejecutivo autonómico, por lo que debemos mantenerla para poder hacer frente a la recesión económica actual, motivada por la pandemia”, añadió.
Por otra parte, incidió en la necesidad de modificar, de una vez por todas, el actual sistema de financiación autonómica que consideró caduco, pues no se ajusta a la realidad socioeconómica actual. Por ello, urgió a sellar un acuerdo lo antes posible con las autonomías y el Gobierno central para confeccionar un sistema que responda a la realidad actual y a la de un futuro próximo para que tenga vocación de ser sostenible en el tiempo.
En este sentido, entendió que lo más justo y solidario es que el nuevo modelo se diseñe en base a criterios objetivos como es el crecimiento poblacional y los indicadores sociales. “Necesitamos un sistema que responda a factores sociales como la pobreza, el paro, el número de mayores y personas con dependencia, de tal forma que fijemos cuantías a recibir o facilidades financieras en el gasto o la devolución, premiando a las comunidades cumplidoras”, aclaró.