El paso del tiempo parece situarnos en el mismo punto de partida, como si solo unos pocos recordásemos que la realidad archipielágica nos condiciona de lleno en nuestras metas de futuro. Lo cierto, es que en estos días hemos visto cómo el Estado ha vuelto a olvidarse de esas particularidades a la hora de atender a nuestro hecho diferencial, a nuestra condición de Región Ultraperiférica, a nuestro Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y Fiscal (REF).
Canarias constituye territorialmente un hecho diferencial dentro del país, un hecho fundamental que se remonta a la conquista y a la colonización, lo que conlleva a una fiscalidad propia, que encuentra su institucionalización en el Decreto de Puertos Francos de 1852 y en la Ley del REF de 1972, así como en las especificidades contempladas en la Constitución de 1978, y por último en la nueva ley del REF y del Estatuto de Autonomía, aprobados hace escaso año y medio. Que nuestros fueros se encuentren recogidos y amparados en todos estos textos de convivencia, no obedece al oportunismo ni al privilegio de nuestras Islas con respecto al resto de regiones españolas, sino al derecho consolidado de todos los canarios que nos otorga una posición absolutamente indispensable para disponer de unas oportunidades similares a las del resto de españoles.
Por ello, cada vez que asistimos a la vulneración de uno de nuestros fueros más atesorados como es el REF, no podemos evitar esconder nuestra palpable indignación ante tal tropelía. El Gobierno regional ha mostrado su rechazo unánime a la modificación del REF realizada por el Ministerio de Hacienda para reducir nuestro diferencial fiscal a las producciones cinematográficas, perdiendo nuestro derecho a la deducción del 80% por encima del existente en la Península, y que en el caso de las islas no capitalinas es del 100%.
Desde 2018 con la reforma del Estatuto de Autonomía existe la obligatoriedad por parte del Estado de consultar a la comunidad autónoma cualquier variación en la ley del REF, con un informe del Parlamento, que es preceptivo. El lunes lo expresaremos alto y claro en el Pleno extraordinario convocado entre otras cuestiones, a tal fin, donde estoy seguro de que todas las fuerzas parlamentarias alzaremos una voz inequívoca y unida para la salvaguarda de todos los derechos de los canarios. De esta forma, respaldaremos un dictamen desfavorable a los cambios pretendidos por el Gobierno central, con el objetivo de que Madrid dé marcha atrás en tales intenciones y respete lo que por derecho nos corresponde.
Lo hemos repetido hasta la saciedad, no se trata de dádivas, ni de privilegios sin sentido. No es más que el cumplimiento con las singularidades canarias que nos confiere nuestra propia situación geográfica. Nuestra lejanía, insularidad, y la reducida y fragmentada superficie lastran gravemente el desarrollo de nuestras Islas, que padecen una importante dependencia económica del exterior.
Nuestra obligación como representantes públicos es recordar las veces que sean precisas que no se pueden vulnerar los derechos de los canarios y que nuestro REF no se puede manosear siempre que convenga. Mientras exista una voz fuerte y unida desde Canarias a Madrid, estoy seguro de que nuestras reivindicaciones surtirán el efecto deseado, logrando que el Estado enmiende este nuevo escollo que afecta a las Islas, y en concreto al sector audiovisual y a nuestra estrategia para convertirnos en plató natural para el rodaje de producciones cinematográficas.
