La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, firmaron este jueves un nuevo Acuerdo-Marco para la puesta en marcha del Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-2022, con una dotación económica que crece este año hasta los 35 millones de euros, 25 millones a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y otros 10 de fondos de Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento supone, como explicó la consejera, “un esfuerzo presupuestario que nos permitirá reforzar las políticas de empleo dirigidas a las personas que más están sufriendo el impacto de esta crisis”.
El Acuerdo-Marco firmado este jueves, que llega además con un adelanto de 2 meses respecto al año pasado gracias a la aprobación anticipada del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), regula las condiciones y el reparto de los fondos entre los ayuntamientos de Canarias para el desarrollo de proyectos de empleo destinados a la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración, con ingresos bajos y en riesgo de exclusión social, con especial atención a colectivos vulnerables como el de mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad y beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción.
La distribución de los fondos se realiza en función del número de personas desempleadas en cada municipio y los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses, con un coste laboral máximo de 1.800 euros por persona al mes. La previsión es superar, como adelantaron las presidentas del SCE y la Fecam, las 3.000 personas contratadas a través de proyectos desarrollados por los ayuntamientos.
“En un año clave como este, en el que las consecuencias de la crisis siguen presentes pero el proceso de vacunación nos ha abierto un horizonte de esperanza, es fundamental suplementar el esfuerzo para dar soporte y una oportunidad a todas aquellas personas con mayores dificultades de inserción”, señaló la consejera. A su juicio, la participación de las personas desempleadas en estos proyectos de empleo social “les permite adquirir una experiencia laboral con la que mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo”.
Como explicó Máñez, este acuerdo entre el SCE y la Fecam es fruto “del trabajo intenso que han desarrollado en los últimos meses los equipos técnicos de ambas instituciones”. En este sentido, destacó la importancia de la cogobernanza a la hora de diseñar “todas las políticas, pero especialmente de aquellas que impactan directamente en las personas”.
Por su parte, en esta línea, la presidenta de la Fecam destacó la utilidad de este acuerdo para reducir el desempleo en el Archipiélago. «Somos conscientes del papel de las corporaciones locales en esta coyuntura, al ser la primera puerta que tocan los ciudadanos y ciudadanas cuando se dirigen a la administración pública, lo que nos convierte en los únicos agentes para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto. María Concepción Brito, que subrayó que este Programa está destinado a mejorar las condiciones económicas y laborales de nuestros municipios y de la ciudadanía, agradeció la implicación de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, así como el trabajo realizado desde la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam.
En el acto también estuvieron presentes la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam, Antonio Ramón Chinea y María Macarena Fuentes.
Plan de Transición Ecológica
Durante su intervención, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció también la próxima puesta en marcha del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), firmado en este caso con la Federación Canaria de Islas (Fecai), y avanzó que este mes ya se producirán los contactos para definir su desarrollo. También el PETE ve aumentado su presupuesto este año, con 5 millones de euros más que en 2020 hasta llegar a los 10 millones en 2021. “Con estas medidas pretendemos dar un apoyo singular a aquellas administraciones más cercanas a la ciudadanía”, señaló.
