El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, apelará, en la próxima sesión plenaria prevista para el martes 13, la necesidad de que impere el diálogo para salvar las desavenencias con el Estado surgidas a raíz de la vulneración del REF, tras la modificación de forma unilateral por parte del Ministerio de Hacienda del decreto ley de ayudas a la industria audiovisual, que afecta al diferencial fiscal de las producciones cinematográficas en Canarias.
Por ello, aludirá a la necesidad de convocar la Comisión Bilateral de Cooperación, establecida en el Estatuto de Autonomía o la Comisión Mixta que consta en la Ley del Régimen Económico y Fiscal para solventar los escollos entre el Gobierno del Estado y Canarias. “Es cierto que esta reunión tiene que tener el visto bueno de ambas partes para poderse llevar a cabo, algo que el Estado ha eludido hasta ahora, por lo que hay que buscar el diálogo por las vías posibles”, sostiene.
Curbelo incidirá en la necesidad de llegar a un acuerdo con la ministra de Hacienda que salve a tiempo al Archipiélago de lo que considera “una vulneración a todas luces de nuestros fueros y por ende, de los derechos de todos los canarios”. Si bien, su grupo parlamentario apoya la apertura de un proceso para activar, por vía jurídica, la figura del recurso de inconstitucionalidad, entiende que esta opción es mucho más lenta, farragosa y complicada que la de llegar a un acuerdo que evite todo este proceso jurídico. “El diálogo y el acuerdo deben seguir siendo la mejor herramienta para resolver esos conflictos, por lo que esperamos que el presidente regional tenga éxito en sus negociaciones”, indica.
Por otra parte, trasladará al Pleno y en concreto al consejero de Administraciones Públicas, la importancia de que el plan presentado por el Estado para luchar contra el abuso de la temporalidad cuente también con la participación de las administraciones autonómicas y locales.
Curbelo pedirá que se abra la participación a las comunidades autónomas, pues a su juicio, “el plan de choque dista mucho de ser unánime, ya que no cuenta con el consenso ni de todos los sindicatos, ni de todas las administraciones públicas, que son las principales interesadas en esta materia”. “Todo esto ha creado mayor inseguridad en miles de empleados públicos que ponen la vista en el 2024, fecha en la que se convocarán sus plazas a la estabilización, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo”, añadió.