El Gobierno canario no descarta obligar a vacunarse a los empleados públicos de servicios esenciales que rechacen ser inoculados frente a la COVID-19, siempre que la ley lo permita, al estimar que «el negacionismo es injusto y un peligro para la colectividad». Así lo ha aseverado este lunes el presidente canario, Ángel Víctor Torres, al ser preguntado en rueda de prensa por la posición del Ejecutivo respecto al 1% de la población diana de las islas que no se ha vacunado, un colectivo que, en cualquier caso, es complejo de cifrar porque a lo largo de la campaña se va constatando «cómo personas mayores que no se habían animado, sin rechazarlo, se están vacunando ahora».
Así hicieron este fin de semana mayores de 60 años que acudieron al llamamiento sin cita que se hizo a los mayores de 16 años, según han precisado fuentes de la Consejería regional de Sanidad. Sobre este asunto, Torres ha destacado que el pasado jueves, después de que el Gobierno de Canarias actualizara los niveles de alerta COVID del Archipiélago, cerca de 70.000 personas se descargaron el certificado verde de vacunación, un documento que «obliga a estar vacunado para acceder a determinados espacios que entrañan riesgo».
«No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, distinto es los funcionarios de distintos cuerpos, que el Gobierno está estudiando esa posibilidad porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien, apelando a su libertad individual, no lo quiera hacer», ha apostillado recordando las medidas anunciadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, contra los negacionistas.
Sobre los datos epidemiológicos de las Islas, Torres ha avanzado que los correspondientes a este lunes, es decir, los registrados en las últimas 24 horas, serán «muy semejantes» al mismo día de la semana anterior. El presidente canario ha recalcado que si esta tendencia prosigue en los próximos días «podríamos estar hablando de un incremento porcentual con respecto a semanas anteriores, que haría prever, como ya ha avanzado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que podríamos empezar a doblegar la curva», un extremo que el Consejo de Gobierno analizará este jueves.
Torres ha confiando en que las limitaciones para acceder a establecimientos hosteleros y al interior de otros espacios impuestas por el Gobierno canario a las personas que no presenten su certificado COVID no se traduzcan en denuncias, sino que «impere el sentido común» porque se han aprobado con el único objetivo de tratar de frenar la propagación de la pandemia.
De igual forma, el titular del Ejecutivo regional ha confiado en que el Tribunal Supremo tenga en cuenta en su pronunciamiento de esta semana el informe de su Fiscalía que, a su juicio, «avala el toque de queda» que la Administraciones autonómica pretende aplicar en los municipios canarios donde los contagios se han desatado en esta quinta ola de la pandemia.