La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha asegurado que «no vamos a estar satisfechos hasta que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) llegue en tiempo y forma a todas las personas beneficiarias». Añadió que, con la situación del episodio volcánico en La Palma, “es fundamental que el Gobierno regional agilice la tramitación de las nuevas solicitudes y las renovaciones de la PCI de los ciudadanos y ciudadanas de la isla más afectados en estos momentos.
“Desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera sabemos la importancia que cobra la PCI y la relevancia que adquiere como medida de protección y de inclusión para todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social; una prestación que, a fecha del mes de agosto, la reciben casi 8.500 familias canarias, aunque aún quedan muchas pendientes de recibirlas”, defendió.
Asimismo, la diputada por la isla de La Gomera resaltó las modificaciones y las mejoras que se han ido estableciendo en la presente legislatura sobre la PCI, como, por ejemplo, la modificación realizada el pasado año a través de la ley de Presupuestos Generales de Canarias, que admite que las familias con menores a cargo puedan volver a pedir esta prestación. “Una actuación que fue posible gracias al incremento de 8,7 millones de euros y que ha permitido, no solo ampliar el número de familias que se acogen a la PCI, sino que los ayuntamientos puedan reforzar sus plantillas y agilizar de esta manera la tramitación de los expedientes pendientes de resolver”, dijo.
“El pasado año aprobamos en esta Cámara otra modificación de la ley de la PCI para facilitar su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital, lo que permitió que las familias más desfavorecidas a raíz de la crisis social y económica derivada de la Covid-19, puedan seguir cobrando la prestación hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital estatal; una modificación que ha contribuido a la convivencia de ambas prestaciones”, manifestó. “Además, se incluye otra modificación importante, que es que no se contabilizan las pensiones alimenticias, entendiéndolo como un derecho de la infancia, cambio que ha permitido que las familias no vean aminorada su prestación por este concepto y, por tanto, pueden cobrar su prestación completa”, añadió.
Del mismo modo, Mendoza recordó que “el Gobierno aprobó una ayuda extraordinaria de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) a raíz de la Covid-19, lo que ha favorecido directamente a uno de los colectivos más vulnerables, como son las personas que reciben una prestación no contributiva”.
Por último, matizó que “recientemente el Consejo General de Servicios Sociales ha validado el anteproyecto de Renta Ciudadana, con la finalidad de seguir ampliando los derechos de los ciudadanos y garantizar su calidad de vida”.