Sí se puede expresa su solidaridad con el diputado Alberto Rodríguez cuando la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha reiterado a la Mesa del Congreso que su condena a un mes y medio de cárcel –pena sustituida por el pago de una multa que ya ha sido satisfecha– se traduce también en la obligación de abandonar el Congreso y perder su condición de diputado debido a que la sentencia incluye la inhabilitación para el voto pasivo durante 45 días. El partido canario considera que esta interpretación es interesada y que tiene claros fines políticos.
Sí se puede destaca que la condena al diputado canario se basa en unos hechos que no pudieron ser probados durante la vista. A ello se suma el que la sentencia está en fase de recurso por parte de la defensa de Rodríguez, al tiempo que, de acuerdo a los reglamentos, no es función del Supremo asesorar a la cámara legislativa, tal como el propio alto tribunal recuerda a la presidenta del Congreso en respuesta a su consulta de ayer sobre la forma en que se debía dar cumplimiento a la condena. Asimismo, el criterio del Supremo se contradice con el del equipo jurídico del Congreso y se está pendiente de una reacción de la Junta Electoral Central, a quien corresponde dictaminar sobre la limitación de derechos políticos del diputado, si corresponde.
La organización ecosocialista canaria se manifiesta claramente en contra de la instrumentalización de los tribunales con el fin de hacerlos intervenir en la escena política para dar a una de las partes en disputa una apariencia de legalidad inexistente mediante el uso de instrumentos jurídicos. Considera que el de Alberto Rodríguez es un claro ejemplo de guerra jurídica, algo que ocurre con una frecuencia preocupante en el Estado español, tal como se ha visto también en el caso catalán.
A juicio de Sí se puede, el respeto exigido a las sentencias judiciales se fundamenta en el cumplimiento del requisito constitucional previo de que estas se mantengan independientes y alejadas de las batallas políticas, según los mecanismos establecidos en la Constitución de 1978. Sin embargo, la no renovación de los órganos judiciales del más alto nivel y el mantenimiento de su funcionamiento con una composición que lleva años con sus mandatos caducados, está dando a la derecha más reaccionaria la oportunidad de tratar de influir en la vida política del país a través de resoluciones de dudoso soporte jurídico y con una ventaja que no se corresponde con los resultados electorales. Este es un problema que requiere una solución inmediata y una revisión de las normas que rigen el funcionamiento de estos órganos, para evitar su instrumentalización.
Por último, Sí se puede recuerda que toda la izquierda tinerfeña se manifestó en La Laguna en 2014 durante la visita del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, que estuvo acompañada por un despliegue policial inusitado, que actuó con dureza. Igualmente, recuerda que, en aquel momento, el diputado tinerfeño no fue identificado ni detenido, al tiempo que subraya que Rodríguez ha sido un activista reconocido y que esta situación tiene toda la apariencia de pretender castigarlo por su opción política.
