En apenas una semana, se cumplirán dos meses del inicio de la erupción volcánica en La Palma. Una catástrofe natural que ha cambiado la vida a más de siete mil palmeros desplazados de sus hogares por el paso de la lava. Unos ya saben que la voracidad del volcán ha acabado con sus sueños; otros miran con resignación qué camino toman las coladas, a la espera de que el sacrificio de años de trabajo no quede sepultado. La situación que se vive allí es extremadamente complicada, y lo he podido palpar con ocasión de la reunión de los cabildos canarios, celebrada hace unas semanas en la Isla Bonita.
Se puede decir con pocas palabras, pero pocos pueden imaginar lo que supone perder sus hogares, sus fincas, sus comercios, en definitiva, su vida, en apenas horas o días. Son más de dos mil las edificaciones afectadas, mil hectáreas arrasadas por la lava y un impacto social que parece incalculable, porque a los bienes materiales se une una larga lista de sueños truncados de familias de barrios como Todoque o La Laguna.
Quizás una de las mayores incertidumbres que hoy tienen esas familias es saber qué pasará con ese suelo devastado por la lava y conocer si es posible recuperar estas zonas. Por este motivo, esta semana trasladé al Parlamento de Canarias la urgencia de iniciar las modificaciones legales oportunas para que, en el terreno que se den las circunstancias adecuadas, una vez concluya la erupción, se valore la posibilidad de darle un uso urbano o agrícola. No es tarea sencilla. En algunos casos será imposible, pero se trata de reducir al máximo el desarraigo de los miles de ciudadanos desplazados.
Conozco la voluntad del Gobierno autonómico de trabajar en esta línea y valoro los esfuerzos que se han realizado hasta ahora. Pero no debemos desfallecer en el intento, porque la urgencia que tiene dar respuesta a la situación habitacional de estos vecinos, tiene que ir unida a la búsqueda de alternativas de este tipo. Se trata de intentar recuperar los pueblos, iniciar sus cimientos desde cero, con la ilusión de que las historias personales que el volcán ha dañado, puedan regresar a estos lugares.
Mientras esta realidad se estudia, la unidad de las administraciones canarias ha sido fundamental para que esta semana se haya entregado la primera tanda de viviendas a los afectados en Tazacorte, a la que se irán uniendo otras en varios municipios de la comarca de Aridane y en otros puntos de La Palma. Es una solución provisional a la consecuencia más grave de la erupción, que se palpa en testimonios como el de María, una vecina desalojada de Las Manchas, que pasa este amargo trago en un complejo turístico de Fuencaliente, desde el que narraba angustiada la que define como la peor situación de su vida.
Si algo debemos aprender de este testimonio es la responsabilidad que hay que adoptar desde las administraciones públicas. Se está dando respuesta y actuando con diligencia, pero no podemos caer en el error de asumir que esto pasará rápidamente. Ahora, La Palma necesita medidas dimensionadas a esta realidad y sumar esfuerzos de la Unión Europea, el Estado y el Gobierno de Canarias, coordinadamente con el Cabildo insular y los ayuntamientos afectados, para que los graves problemas que hoy padece la sociedad palmera tengan soluciones a medida de las circunstancias.
Queda un largo camino en el que La Palma nos tendrá a su lado. Es el momento de mirar hacia adelante y comenzar a escribir el futuro de una tierra que, tengo el convencimiento, sacará lo mejor de sí para remar en este río de lava en el que les ha tocado navegar.