Uno de los primeros deberes de quienes representan a los ciudadanos es decirles la verdad. De nada vale endulzar una realidad adversa con mentiras edulcorantes porque al final la gente termina comprobando la realidad y no creyéndose a quienes se la habían intentado ocultar.
Nos hemos enfrentado a tiempos extraordinarios y difíciles que no se habían padecido en toda nuestra historia democrática. Nos zarandeó en 2008 una crisis económica terrible que se superó con recortes de gasto público que afectaron a servicios esenciales, como la Sanidad o la Educación, destruyó miles de puestos de trabajo y ocasionó la ejecución de hipotecas y la pérdida de hogares por otras tantas familias. Y pocos años más tarde, cuando aún no se habían superado los efectos de esa gran crisis mundial, nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia y a la parálisis del comercio y del turismo en todo el planeta. De nuevo nos ha golpeado una oleada de pobreza, desempleo y depresión.
Las previsiones para el próximo año no son buenas. El escenario optimista que se nos había presentado ha cambiado bruscamente y para mal. La nueva variante del coronavirus, al parecer con mayor potencial de transmisión —aunque no se conoce todavía exactamente— nos vuelve a sumir en la intranquilidad. Varios países europeos han reaccionado de forma drástica, tomando medidas que nos retrotraen a los tiempos del confinamiento y los toques de queda.
Probablemente estas reacciones sean exageradas. Pero da igual, porque el daño ya está hecho. Las expectativas de la recuperación del turismo han sufrido un duro golpe que, en el caso de destinos como Canarias —que tiene una alta dependencia de este sector— es incluso mayor. Las previsiones de crecimiento económico ya venían tocadas por el incremento de los precios de la energía, por el aumento de los fletes y por la crisis que estaba afectando al suministro de materias primas para sectores estratégicos. Organismos internacionales han corregido las cifras de recuperación económica a la baja y empiezan a decir que la recuperación no llegará hasta 2023. Es decir, hasta dentro de dos años.
¿Todo esto qué quiere decir? Que aún nos esperan tiempos difíciles. Que la amenaza del coronavirus no ha desaparecido. Y que el coste de la vida va a empobrecer aún más a nuestras familias en los próximos meses. Algo que en islas como las nuestras —y especialmente en las que padecen la doble insularidad— se va a agravar con los sobrecostes de un transporte que repercute directamente en nuestras importaciones.
A todo el que me pregunta le recomiendo que es el momento de ser prudentes. En lo sanitario y en lo económico. Las familias van a tener que asumir un incremento en el costo de la vida —en los precios de los combustibles, de la luz, del agua o de la cesta de la compra— que ya se empieza a notar. El compromiso del Gobierno de España es que el próximo año subirá las pensiones y los salarios públicos, para absorber el impacto de la inflación. Eso, más el dinero extraordinario que ya está viniendo de la Unión Europea a través de diferentes fondos, nos puede ayudar a resistir este nuevo revés en nuestras esperanzas.
Pero todos, absolutamente todos, tenemos que ser conscientes de que nos vamos a enfrentar a una prolongación de las dificultades. Que se va a retrasar la vuelta a la normalidad y el florecimiento de la economía. Mentir en esto es absurdo. Y como ya dije al principio de esta crisis, en todo caso hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor.
Me preocupa, sin embargo, cómo resistirán los que ya no tienen capacidad de resistencia. Los que lo perdieron todo. Las familias que están acudiendo a las ayudas sociales públicas o al auxilio de las ONG. Si la recuperación del trabajo y el progreso se retrasa, puede ser un grave riesgo para los más vulnerables.
Propondré al Gobierno una acción compartida con el apoyo del Parlamento para dotar a Canarias de un plan extraordinario de carácter social que pueda actuar como un salvavidas y que sea capaz de articularse al margen de esa burocracia terrible e inútil que acaba con la paciencia de la gente. Y desde luego, con la mía. Lo mismo que se ha hecho con las empresas y autónomos, pero con las familias más necesitadas. Con esas familias a las que las fuerzas del actual pacto de gobierno en Canarias se comprometieron a defender por encima de todo.
