GOMERANOTICIAS.COM.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera ha notificado a varios cargos y ex cargos públicos de La Gomera, el archivo definitivo “transcurridos los plazos de interposición de recursos” de la acusación de un supuesto delito medioambiental que abrió un expediente contra ellos tras una denuncia presentada en el año 2002 por la Guardia Civil.
Los hasta ahora investigados eran Antonio Javier Trujillo Bernal, en calidad de consejero de Medioambiente del Cabildo de La Gomera en aquellos momentos; Manuel Ramón Plasencia Barroso, alcalde de Alajeró que ya ostentaba el cargo en aquel instante y los ya ex acaldes, Ángel Luis Castilla Herrera, primer edil de San Sebastián; José Ramón Mora de Hermigua; Nestor López Pérez de Agulo, Jaime Luis Noda Morales de Vallehermoso y el ya fallecido, ex acalde de Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt.
Según el auto judicial, entre el año 1979 y 2002, se fueron depositando de forma ininterrumpida en varios parajes de la Isla y en cada uno de los municipios, residuos de toda índole que convirtieron aquellos lugares en zonas de uso como vertederos municipales.
Cabe recordar que en esos instantes, no existía en La Gomera ningún complejo medioambiental como el que actualmente concentra todos los residuos insulares en la zona de El Revolcadero en el término municipal de San Sebastián inaugurado en el año 2004, hace ya 18 años.
La denuncia de la Guardia Civil ponía en cuestión la legalidad del vertido en zonas como Punta de Ávalos, dentro de la Reserva Natural de Puntallana, en San Sebastián de La Gomera, así como en otros cuatro puntos de los municipios de Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Alajeró y Valle Gran Rey.
Este largo proceso de veinte años de duración ha estado salpicado en su trayectoria por quejas de los propios ediles imputados, que en todo momento justificaron aquellos vertidos como una situación heredada de antaño y eran los únicos vertederos habilitados hasta que con retraso se inauguraron las obras del actual complejo medioambiental. Además la instrucción se vio retrasada en algunos momentos en el tiempo al coincidir el aforamiento de los alcaldes de Valle Gran Rey y Hermigua por su calidad de diputados regionales, lo que obligó al traslado del expediente a organismo judiciales superiores.
A pesar de la denuncia interpuesta por la Guardia Civil, y a raíz del auto judicial, se dio un plazo incluso de tres meses a posterioridad de la misma para que los residuos se siguieran depositando provisionalmente en los vertederos existentes de manera provisional durante un plazo de tres meses por parte de las autoridades competentes
Algunos de los ediles y ex ediles consultados por Gomeranoticias en la tarde de este viernes, 14 de enero, no han disimulado su satisfacción por la notificación del archivo definitivo de un expediente que les ha mantenido casi un cuarto de siglo investigados judicialmente.