El ‘pacto de las flores’ y el PP rechazan que los interinos se conviertan en funcionarios sin hacer pruebas

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha alertado de que más de 4.000 trabajadores están en abuso de temporalidad en Canarias, algunos con hasta 27 años de antigüedad, y muchos de más de 55 años que ahora temen perder su empleo.

Además, ha reclamado al Gobierno que sea «responsable» y se comprometa a aplicar los acuerdos que firma.

Socorro Beato (CC-PNC) ha indicado que Canarias es una de las comunidades más afectadas por la temporalidad en el sector público, con una media del 40%, y por ello propone una «solución canaria» que ha sido avalada por la expresidenta del Tribunal Constitucional.

La nacionalista ha apuntado que su grupo no comparte la ‘ley Iceta‘ pero supone un avance y un marco de negociación para las comunidades autónomas, de ahí que se haya alcanzado un acuerdo con el comité de huelga para caminar en una solución local y se negocie «en base a las personas y no a las plazas», valorando los méritos y la antigüedad en el puesto de trabajo y no la categoría.

Ha dicho que el borrador del Ministerio de Hacienda «es un precedente muy peligroso» porque invade competencias autonómicas y sostiene que hay que separar las plazas en litigio y no sacarlas al mercado.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el Gobierno reconoce el abuso de temporalidad en Canarias, un «mal endémico» en los últimos años, al tiempo que ha indicado que el Ejecutivo trabaja en la búsqueda de soluciones técnicas para consolidar las plazas y llegar al 8%, tal y como exige la UE.

Ha apoyado el «hastío» y la «desconfianza» que tiene el personal interino y temporal porque no se alcanzan acuerdos en las meses sectoriales y entiende que se debe garantizar que las personas que llevan muchos años en la administración sigan en la plantilla «con todos sus derechos».

Por ello, ASG ha presentado una enmienda para que se convoque a la mayor brevedad una mesa de trabajo con el comité de huelga, los sindicatos y las instituciones para alcanzar un acuerdo.

Francisco Déniz (Sí Podemos) ha dicho que es necesario que se retomen las negociaciones y que haya un proceso selectivo con términos definidos para lograr la estabilidad de las plazas. «Estamos en el buen camino, los acuerdos se están cumpliendo», ha comentado.

«Que no vuelva a suceder»

Luis Campos (NC) ha señalado que la situación «no es nueva» y está lastrada porque las administraciones públicas no convocan plazas con regularidad, al tiempo que ha admitido que los sindicatos también paralizan muchos procesos.

Ha valorado que la ‘ley Iceta’ ya fija criterios a través del concurso y se da potestad a las administraciones locales para que puedan negociar mecanismos.

«Esta es una oportunidad para que no vuelva a suceder», ha indicado, si bien ha precisado que «no es lo mismo» quien lleva 15 años en la administración frente a los de «tres años y un día».

Luz Reverón (PP) ha explicado que la ‘ley Iceta’ regula el procedimiento de plazas y la mesa general de lo sindicatos es la interlocutora válida en las negociaciones, afeando a Espino que obvia una segunda sentencia del TJUE que impide que los interinos se conviertan en funcionarios de carrera.

Manuel Martínez (PSOE) ha acusado a Espino de no respetar la Constitución y defender que los trabajadores se hagan funcionarios sin tener que pasar ninguna prueba, lo que quiebra el principio de igualdad. «Somos el poder legislativo», le ha recordado.

Ha apuntado que la única solución para resolver el conflicto es convocar las plazas, hacer fijos a los interinos o pagar indemnizaciones, subrayando que habrá pruebas, se tendrá en cuenta la experiencia y se abonará una indemnización por 20 días de año trabajo en caso de suspenso.

Además, ha resaltado que cuatro de los cinco sindicatos de la mesa están a favor de la ley.