La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, reclamó este miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, soluciones inmediatas y urgentes a la situación “denigrante y tercermundista” que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en Canarias. En su interpelación al ministro de Seguridad Social, Oramas también denunció el “caos” del Gobierno estatal en la gestión del Ingreso Mínimo Vital y que ha provocado que “el 91 % de la población bajo el umbral de la pobreza no haya recibido esta renta” y reprochó que esto suceda “cuando le han sobrado del presupuesto del Ministerio 1.000 millones de euros”.
Así, la portavoz de los nacionalistas canarios alertó sobre la realidad de las oficinas de la Seguridad Social en las Islas. “Las colas comienzan a las 5 de la mañana. Pueden llegar a 200 personas. Gente mayor, embarazadas, de pie, a la intemperie o al sol de la mañana. Gente que tiene que tramitar su jubilación, bajas maternales, otro tipo de prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital. La mayoría de los días solo se atiende a 20 ó 25 personas. Y el resto se van y tienen que volver a pasar esta situación infame días y días”.
Una situación que, calificó, “es insostenible” y que ha motivado que los sindicatos se movilicen “exigiendo soluciones y, además, haciendo llegar a todas las fuerzas políticas en Canarias y a la ciudadanía la situación tercermundista y denigrante para los ciudadanos que se vive en dichas oficinas”.
Al respecto, la diputada recordó algunas de las soluciones planteadas por los sindicatos y respaldadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias que instó al Gobierno estatal “a la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo, a la contratación urgente de interinos y a la reserva de plazas en las convocatorias estatales para territorios deficitarios y la puesta en marcha de una bolsa de reserva”.
La portavoz de los nacionalistas canarios respondió así a la negativa del ministro de Seguridad Social hasta hoy sobre el déficit de plantilla, en torno al 30% en las Islas, situación que también ha negado la directora de la Seguridad Social que ha llegado a afirmar que “no hay caos y que no actuará para mejorar la gestión”, justificando que todas las personas que acuden a las oficinas son atendidas y justificando las colas en las puertas, algo que calificó de “injustificable y bochornoso”.
Asimismo, exigió al ministro que “reflexione. Que haga caso a los sindicatos, a las fuerzas políticas que lo único que pretendemos es que se mejore la gestión y que todos esos cientos de familias, entre ellas las 300.000 que están en riesgo de exclusión social en Canarias, que podrían tener una vida más con esta renta, puedan acceder a ella”, concluyó.
Asimismo, alertó del “caos” en la gestión del Ingreso Mínimo Vital y le demandó que ordene revisar de oficio las miles de solicitudes denegadas así como que se transfiera la gestión del IMV a los ayuntamientos. Al respecto, señaló que “usted se ha dedicado a decir que los ayuntamientos no la quieren. Y eso es falso. Los ayuntamientos están de acuerdo en gestionar el IMV, pero que se les dé los medios humanos y materiales que necesitan para hacerlo. Igual que determinadas entidades y ong que hasta la fecha no han firmado los acuerdos con ustedes porque no han resuelto los convenios para los medios materiales y humanos. Sólo en algún caso lo ha hecho Cruz Roja”.
La portavoz de los nacionalistas canarios se refirió a las conclusiones del informe de Foessa y Cáritas Españolas publicado este mismo mes y que evidenció que “de los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente a septiembre de 2021, solo llegó a 315.913 hogares. Solamente, y recalco, el 37 % de los previstos inicialmente”, espetó Oramas.
La diputada nacionalista calificó de “desastre” la gestión del IM y expuso de forma tajante los motivos que han provocado el “caos”, entre ellos, “la precipitación de la norma legal, requisitos y burocracia que motivaron la exclusión de un porcentaje importante de personas. Se lo advertimos, pero no nos hizo caso. Y después, como teníamos razón, se hicieron tres correcciones posteriores”.
La portavoz de CC-PNC evidenció que tras esas correcciones el problema radica en que “personas a las que se les había denegado el IMV y ahora sí reunían los requisitos, no se les comunicó, ni se les revisó su expediente de oficio, sino que se les volvió a exigir una nueva solicitud”. En este contexto, señaló que hay demandantes que “presentaron hasta 12 solicitudes. A todos se les volvió a pedir toda la documentación actualizada en cada una de ellas provocando un caos para los ciudadanos y para los funcionarios”.
Oramas reprochó que el Gobierno “esté pensando en hacer encuestas para localizar a personas que no conocen la existencia del Ingreso Mínimo Vital cuando tiene los expedientes de miles de personas a los que se les denegó y que sí reúnen los requisitos archivados en las oficinas de la Seguridad Social”. “Las tienen localizadas, solo tiene que mirar los expedientes”, le indicó al ministro.
La diputada reprochó, además, que “aquellos solicitantes a los que se les denegó esta renta y que tuvieron la suerte de conseguir un abogado y llevarlo a la vía judicial, obteniendo sentencia favorable, ustedes -PSOE-Unidas Podemos- han recurrido automáticamente a los tribunales superiores de justicia dejando sin cobrar la prestación por más tiempo al ciudadano. En definitiva, sometiéndolo a un calvario de año y medio”.
De la misma forma, Ana Oramas se refirió a la brecha digital. “El Gobierno se moviliza para la exclusión por la brecha digital en el sector financiero, bancos, incluso con normativa legal y es una prioridad política de varios ministros, sin embargo, no lo hace en la gestión de prestaciones básicas en colectivos alejados de las herramientas digitales, como son, aquellos que están en riesgo de exclusión, pobreza y la tercera edad”.
En este contexto, Oramas hizo referencia a los datos recogidos por el informe de Foessa y Cáritas, que apuntan a que “la mitad de los hogares en exclusión social sufre el apagón digital”. Lo que supone que 1.800.000 hogares está en esta situación, “afectando especialmente a personas de más de 65 años”.
Oramas denunció, además, que “la desigualdad tiene también impacto territorial. Dándose las tasas más elevadas en Canarias” y aprovechó su interpelación para reivindicar “la gestión telemática como una alternativa, no una imposición” tal y como defendió el ex director de la Seguridad Social de Las Palmas.
