El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha solicitado, este miércoles, que se tomen medidas para ofrecer más estabilidad a los investigadores e investigadoras canarias, “un personal vital para nuestro desarrollo socioeconómico inteligente», tras los efectos derivados de la reforma laboral.
“Nos preocupa saber las actuaciones que se están desarrollando para que se adapte la contratación contenida en la reforma laboral a lo que requiere la realidad de la comunidad científica, ya que hasta 400 investigadores e investigadoras canarias de ambas universidades públicas y los dos centros adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han quedado sin una figura contractual que los avale, al haberse eliminado el contrato de obra y servicio”, indicó.
Ramos insistió en que si bien la eliminación de este contrato responde al interés superior de los trabajadores, ya que “durante años ha sido objeto de prácticas fraudulentas en las que imperaba la temporalidad y la falta de estabilidad laboral en todos los sectores”, también era la figura contractual que mejor se adaptaba a un sector en en el que el personal es contratado por proyectos, “un contrato, que ahora han de sustituir por indefinidos, de características distintas, lo que repercutirá directamente a la hora de contratar”.
El diputado aprovechó la presencia de la consejera para abordar qué cuestiones ha previsto la administración para readaptar el sistema y evitar un aumento de los costes de contratación e indemnización, ya que “esto podría provocar que quien promueva un proyecto decida contar con menos personal para poder realizar investigaciones”, indicó.
El diputado autonómico por la isla de La Gomera recalcó que “para evitar esta situación los proyectos científicos y de investigación que concurran en las próximas convocatorias de subvenciones y ayudas tendrán que tener cubierto el coste añadido de la contratación indefinida y la indemnización posterior, porque la temporalidad de estos proyectos no va a dejar de ser de entre dos y tres años”.
“Esto requiere una mayor inversión de recursos públicos en la materia y, quizás, la reforma de las bases de las convocatorias de estas ayudas y subvenciones, de forma que la mejora de la calidad laboral que repercuta en el sector de la investigación en Canarias no se traduzca en la pérdida de oportunidades para múltiples profesionales de estos campos de investigación”, explicó. “Al igual que el sector privado debe adaptarse a los cambios de la reforma laboral, desde las administraciones públicas nos tenemos que adaptar y seguir siendo un referente y ejemplo del cambio social y de progreso que necesitamos para nuestro país y para Canarias”, aseveró.
