El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de delegación, con carácter singular, en el Cabildo Insular de La Gomera de las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional de Garajonay. Esta delegación tendrá una duración de 10 años, prorrogables a partir del día en que se haga efectiva.
Las funciones delegadas incluyen la administración y gestión ordinaria y habitual del parque y la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de aplicación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, previstas en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En el ejercicio de las competencias delegadas, el Cabildo Insular de La Gomera ajustará su funcionamiento al régimen establecido en la Ley de Cabildos Insulares; a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; a la Ley de Bases del Régimen Local, además de la legislación emanada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias que resulta de aplicación y a la legislación básica estatal.
Aprobada esta delegación, se determinará junto con el Cabildo en una comisión mixta de transferencia los servicios, medios personales, materiales y recursos que deban ser traspasados a la Corporación insular para el ejercicio de estas competencias delegadas.
El gobierno canario se reserva las funciones de ordenación normativa y de planificación derivadas de los Planes Rectores de Uso y Gestión; la declaración, modificación de los límites y pérdida de la condición como Parque Nacional; y las inherentes a la coordinación y mantenimiento de la coherencia de la Red de Parques Nacionales.
El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fechas 11 y 12 de diciembre de 2018, debatió la autorización de delegación de competencias en materia de gestión de los Parques Nacionales de Garajonay y La Caldera de Taburiente a los cabildos insulares de La Gomera y de La Palma, con carácter singular.
Fruto de ese debate surgió la Resolución del 12 de diciembre de 2018, en la que el Parlamento se pronunció favorablemente a la delegación de las referidas competencias, condicionada, entre otras cuestiones, a que el alcance de las funciones delegadas sea sin perjuicio de las competencias de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, prevista la Ley del Suelo y de los Espaciosos Naturales Protegidos de Canarias.