El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha pedido actuar sobre la fiscalidad de los carburantes en las Islas Verdes para afrontar el alza de los precios que se ha acentuado a raíz de la guerra en Ucrania. Según explicó, el anuncio del Estado de bonificar veinte céntimos por litro es “insuficiente para estos territorios que ya arrastran los sobrecostes de la doble insularidad, por lo que es necesario complementarlo con una revisión de los impuestos que se reflejaría en una bajada más acentuada de los precios, que siguen siendo superiores a los de Tenerife y Gran Canaria”.
En este sentido, recordó que ante la falta de competencia y la imposibilidad de actuar por otras vías, “es un buen momento para abordar una de las demandas más reiteradas de estas islas, puesto que si el incremento de los costes tiene efectos sobre las economías familiares, esta realidad es aún más acentuada en El Hierro, La Gomera y La Palma, con tarifas casi prohibitivas, cercanas a lo que se paga en Península”.
Curbelo apuntó que esta propuesta de bajada de impuestos sobre los carburantes no debe trasladarse al IGIC, pues tal y como precisó la semana pasada, una decisión de este tipo tendría una repercusión directa en la capacidad de las administraciones locales para atender servicios esenciales, puesto que gran parte de la financiación procede de la recaudación de este impuesto.
Curbelo: “El paquete de medidas del Estado busca proteger a la economía y las familias”
En cuanto al paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez, Curbelo valoró la disposición de 16.000 millones de euros y su distribución para ayudas directas – 6.000 millones – y los destinados a créditos ICO – 10.000 millones -. Además de las partidas que irán destinadas a la agricultura, la ganadería y la pesca, con más de 360 millones de euros y 500 millones de euros para la industria. En esta línea, también aludió al aumento del 15% de la cuantía del ingreso mínimo vital durante tres meses y la extensión a 600 mil familias más del bono social eléctrico.
“Son acciones de calado social que buscan proteger la economía y las familias, de ahí que consideremos adecuada su aplicación de carácter urgente, pues de otra manera estaríamos abocados a una nueva crisis sin terminar de salir de la anterior, provocada por las consecuencias de la Covid-19”, apuntó.