– El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, a propuesta de los ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Justicia; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y Turismo; Agricultura,
Ganadería y Pesca; Transición Ecológica y el Reto Demográfico: Cultura y Deporte; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; Consumo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Universidades.
El paquete de medidas servirá para proteger a los sectores y ciudadanos más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada. El plan movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO, y se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.
Ayudas a familias y trabajadores
El Real Decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros promueve una rebaja
de 0,20 euros por litro de combustible repostado, entre ellos, gasóleo, gasolina,
gas y adblue. El impacto presupuestario de esta medida asciende a 1.423 millones de euros. Los suministradores de carburantes y combustibles podrán
solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia
Tributaria.
Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley,
el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación
conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas
que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos
reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.
Limitación de alquileres
La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.
En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor –titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial–, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales.
Un incremento del 15% del ingreso mínimo vital
Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las
mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de
aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
Bono social eléctrico para 1,9 millones de hogares
Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
Nueva línea de 10.000 millones en avales ICO
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles.
Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.
Los créditos avalados podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022.
Además, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
Ayudas al sector primario
Los apoyos para mitigar el impacto en el sector primario suman 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero. El sector productor de leche percibirá
un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de 68,18 millones de euros. Un total de 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias para apoyar a un sector estratégico para este Gobierno por su importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una actividad agraria y pesquera sostenible.
Más de 500 millones a la industria electrointensiva nacional
Además, el plan contiene una serie de actuaciones destinadas a la industria gran consumidora de energía, que superará los 500 millones de euros. Por un lado, se autoriza la convocatoria de 73 millones de euros en subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración. Asimismo, aumenta en 65 millones de euros las ayudas para la compensación de los costes de emisión de CO2 y dedica 225 millones para proteger a la industria reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos. Junto a ello, se destinan 125 millones en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 compañías, de las cuales el 88% son pymes.
Incentivos a la industria cultural
El Real Decreto-ley incorpora medidas para paliar las consecuencias desfavorables de la guerra en el ámbito cultural, ya que se considera necesario apoyar a los artistas, empresas e instituciones afectadas por esta situación, para que continúen con su actividad, preservando su libertad de creación. Así, entre otros asuntos, se prevé ampliar los plazos para las películas beneficiarias de ayudas en el periodo 2020 a 2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por la guerra.
Más de 1.000 millones al sector del transporte
El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector. El plan también despliega una línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los compromisos también adoptados la semana pasada.
Ciberseguridad
El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto-ley que establece
los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de
redes y servicios basados en la tecnología 5G. Se trata de desarrollar un entorno
confiable para el despliegue de estas redes y servicios, que genere la confianza
necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos; así como de establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos
las nuevas redes y servicios 5G.
También ha aprobado un Plan Nacional de Ciberseguridad, con cerca de 150
iniciativas y dotado de más de 1.000 millones de euros, para intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y
respuesta en el ciberespacio.
Impulso de las energías renovables
El plan, además, incluye una actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos, que permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones. Por otro lado, la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico se prorroga hasta el 30 de junio y se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo desde la entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 €/MWh.
También se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto ambiental y se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para autoconsumo. Junto a ello, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.
Facilidades a los refugiados ucranianos
El Real Decreto-ley establece, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, que las personas de origen ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentos de aportar los certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen, asimilándose así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas como tales por el Ministerio del Interior.
Estarán igualmente exentas de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros civiles mientras dure el conflicto. En el ámbito educativo, se pone en marcha, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados y, desde el Ministerio de Universidades, el Plan de Acción Universidad-Refugio para acoger y facilitar el acceso al ámbito universitario a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios ucranianos.
El Real Decreto-ley contiene, entre otras medidas, el establecimiento de un modelo de acreditación unificado de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual, para que los servicios públicos o entidades sociales puedan acreditarlo. Además, se incluye la trata en la atención al 016, que ya atiende en ucraniano desde el pasado viernes; se establecerá un régimen gratuito de cuentas bancarias para personas vulnerables o con riesgo de exclusión financiera y se articula también la posibilidad de otorgar subvenciones
destinadas a la prevención, detección, atención y protección de víctimas de violencia contra las mujeres y de víctimas de trata y explotación sexual, en el marco de la crisis humanitaria.
