GOMERANOTICIAS.- A principios del año 2002, el Cabildo Insular de La Gomera activó la póliza de organización y prestación de servicios funerarios gratuitos para todos los residentes gomeros allá donde estuvieran, dentro de la Isla, en Canarias o en cualquiera de los continente.
La medida, que fue noticia de alcance nacional en aquellos años, era la primera de España de sus características y casi un cuarto de siglo después está considerada una de las iniciativas políticas mejor aceptadas por una población, que durante estos cuatro lustros ha venido beneficiándose de su cobertura.
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera ya en aquellos momentos señalaba a los medios de comunicación local de la época que con esta iniciativa “se permitirá a la Institución acercar cada vez más a la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas y en este caso –añadió— en aquellos momentos difíciles que a todos y a todas nos toca vivir al final de nuestra existencia”.
Y así ha sido, en estos momentos no podemos aportar datos globales de los servicios cubiertos desde entonces, pero si se puede confirmar , que además de los residentes gomeros en la Isla y en Canarias, han sido centenares las personas fallecidas con empadronamiento en La Gomera, que han muerto en el extranjero y se les ha podido prestar la correspondiente cobertura en cualquier parte del planeta. Un servicio especialmente sensible en aquellos lugares donde las circunstancias económicas y sociales de los emigrantes gomeros son bastante complicadas como puede ser el caso de Venezuela, país al que se han dirigido con bastante diferencia con respecto a otros estas coberturas.
Esta iniciativa de la que aún hoy en 2022 existen muy pocas en España, permite hacer frente a los gastos derivados del servicio funerario, los gastos añadidos de una corona, lápida, asesoramiento y tramitación de registro civil y tributos, e incluso tasas municipales correspondientes a nichos, entre otras prestaciones.
En junio del pasado 2021, volvió a renovarse la póliza por un importe de 1,3 millones de euros por dos años, es decir, 659.716 euros por anualidad.
La medida y según recuerdan las crónicas de la época, fue duramente criticada por la Oposición en aquel momento en el Cabildo Insular por considerarla ‘electoralista’ mientras se anunciaba su desaparición pasadas las elecciones más próximas. En este caso, veinte años después el mantenimiento de la medida les quitó ha quitado la razón.
