El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha propuesto que se fomenten los canales de comercialización directa para los agricultores de Canarias, con el objetivo de apoyar al sector primario y facilitar fórmulas que les permitan un mayor beneficio.
“Antes de la pandemia el conjunto de agricultores de toda España se movilizó de forma generalizada para impulsar que el Gobierno del Estado pusiera coto a las prácticas del mercado hortofrutícola español donde los intermediarios y los comercializadores finales de los productos del campo son los únicos que realmente se benefician, ya que controlan el mercado de tal manera que, para mantener sus márgenes de beneficio, obligan incluso a los agricultores a que vendan su producción por debajo del costo, bajo el riesgo de que no se la compren y se vean obligados a tirarla y ver malogrados tantos esfuerzos”, defendió.
El diputado por la isla de La Gomera recalcó que “mucho se debatió la norma de la ley de cadena alimentaria que ya sufrió su retraso debido a la pandemia y que ahora, que está aprobada, no cumple plenamente con la operativa que salvaguarda que a los productores no se les compre por debajo del costo”. Remarcó que esto “está provocando nuevas movilizaciones acrecentadas por la imposibilidad del sector primario de afrontar la crisis inflacionista que provoca un aumento generalizado de sus costes de producción haciendo inviable su pervivencia.
“Nos gustaría conocer qué medidas de control está poniendo en marcha el Ejecutivo para conseguir que se cumpla plenamente con los objetivos planteados en la ley de cadena alimentaria en las islas, si están llevando a cabo inspecciones, si se están recibiendo denuncias acerca de prácticas contrarias a la ley, entre otras cosas”, dijo. “Reconocemos que, como toda nueva ley que se pone en marcha, se necesita un periodo de adaptación para poder verla plenamente integrada en el tráfico jurídico, porque hay que vencer las resistencias al cambio y para que los poderes públicos puedan asumir con solvencia las nuevas obligaciones que tienen a la hora de que se cumpla”, añadió.
A juicio de Ramos, “debemos avanzar en políticas como de fomentar el asociacionismo, agrario de forma que los agricultores tengan un precio justo y digno por su trabajo, ya que, por una cuestión de lógica territorial, en Canarias lo que impera es el minifundio y esto resta competitividad a los agricultores a la hora de tratar con intermediarios y comercializar sus productos”.
Por último, incidió en la necesidad de poner a disposición de los propios agricultores mercados municipales e insulares donde puedan comercializar sus productos, puesto que “cuanto más les facilitemos la comercialización directa, menos problemas habrá a la hora de mantener la actividad agrícola en el futuro”.
