En sus cuarenta años de autonomía, democracia y libertad, Canarias ha tenido que tomar decisiones muy trascendentes. Tal vez la más importante haya sido la integración en la Unión Europea (entonces la Comunidad Económica Europea) que supuso renunciar a una parte importante de nuestra herencia de libertades fiscales y aduaneras. Nos hicimos más europeos, para lo bueno, que era mucho, y para lo malo, que fue, básicamente, el aumento de la fiscalidad en las Islas.
A pesar de todo, el Archipiélago supo defender un estatus especial dentro de la Unión Europea. Uno que está recogido al máximo nivel en el Tratado de Lisboa, y que reconoce a los territorios ultraperiféricos de Europa una serie de hándicaps estructurales que deben ser tenidos en cuenta en la aplicación de las políticas comunes.
Nuestro Régimen Económico y Fiscal y nuestro Estatuto de Autonomía albergan lo que aún conservamos de esa herencia diferencial que Canarias tiene casi desde los momentos posteriores a la Conquista, y que llegó a su máximo nivel jurídico con el Decreto de Puertos Francos, de Bravo Murillo, en 1852 y la Ley del REF de 1972.
Aún recuerdo cómo se discutía, en los primeros años de la Autonomía, si nuestras Islas deberían convertirse en una zona libre bancaria, en un refugio para las capitales del mundo, como Hong Kong o Shangai. Pero eso habría significado quedarnos fuera de la unión aduanera comunitaria y de las políticas agrícolas comunes, tan importantes para el campo canario y, especialmente, para el plátano.
Una de las peculiares entidades de las Islas es la Zona Especial Canaria, que ha tenido, tras unos difíciles comienzos, un importante desarrollo en los últimos años. Ahora, una nueva interpretación de las autoridades de Hacienda sobre el llamado “comercio triangular” puede suponer un duro golpe para la ZEC y, sobre todo, para algunas de las empresas que operan en ella. Se trata de que pueden quedar excluidos de los beneficios ZEC aquellos bienes que se compren por una empresa radicada aquí y que no pasen necesariamente por las Islas en el tránsito desde el sitio de compra al sitio de venta.
Sin entrar a valorar este asunto en concreto —que es muy importante y sobre el que ASG ha tomado iniciativa en el Parlamento de Canarias— lo que me preocupa es la inercia histórica de las autoridades fiscales de nuestro país para ir limando poco a poco las singularidades de Canarias. Todos y cada uno de los gobiernos de las Islas han tenido que explicar una y otra vez que los derechos de Canarias no son privilegios, sino la manera de igualarnos con el resto de los ciudadanos de España. Cada poco tiempo nos enfrentamos a una nueva medida en la que se ignoran nuestros fueros o se vulneran nuestras leyes, a veces por simple desconocimiento. Porque muy pocos funcionarios y políticos que aterrizan en la administración central del Estado saben o conocen lo que somos.
Nos pasamos la vida hablando de diversificar nuestra economía. Somos un destino de éxito turístico absolutamente considerado uno de los más importantes del mundo. Pero muchos pensadores proponen la conveniencia de apostar por otras actividades que podrían ser de éxito. Pues bien, debemos desarrollar nuevas ideas y potenciar lo que ya tenemos. En su día, Canarias fue un nodo comercial de primer orden. Y con instrumentos como nuestros puertos, nuestra ZEC, nuestro registro de buques y nuestra fiscalidad diferenciada, podríamos relanzar el protagonismo canario en un floreciente comercio que además tiene, aquí al lado, un continente que está a punto de empezar a crecer y a prosperar económicamente.
Pero como decía hace unos días, nunca podremos hacer nada si no nos ponemos de acuerdo en trazar un rumbo y nos comprometemos a seguirlo. Si seguimos dejando que se recorte la ZEC o que España y Europa se relacionen con África sin pasar por Canarias, perdidos en nuestras rivalidades políticas provincianas, nunca haremos nada inteligente.