La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha avanzado los trabajos de revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay. Se trata de un instrumento de planificación ordinaria para este espacio natural protegido que está vigente desde 1986, hace 36 años.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “esta revisión del PRUG pretende dar respuesta a la necesidad de contar con una herramienta de gestión adaptada a la realidad climática y las necesidades actuales para la toma de decisiones, en base a los datos científicos que se han obtenido en el Parque en los últimos años, tanto a nivel de conservación como de afección al entorno”.
Valbuena también destacó que dentro de este proceso ya se ha elaborado un borrador del Plan Rector de Uso y Gestión y que se ha presentado recientemente en el Patronato de dicho espacio para que se proceda a su evaluación ambiental estratégica simplificada, paso determinante para su aprobación definitiva.
El consejero avanzó que sus principales novedades consisten en la inclusión de medidas de conservación de hábitats y de especies de interés comunitario, ya que el Parque coincide con una Zona de Especial Conservación; la propuesta de adaptar la gestión a los cambios que se produzcan en el medio natural o en los usos compatibles, lo cual debe estar fundamentado en el conocimiento científico; y la ordenación del acceso y la visita a este espacio mediante un sistema que fomente la sostenibilidad y el ecoturismo, todo ello con el fin de mejorar la calidad de la experiencia y el mantenimiento de los valores naturales de este enclave privilegiado.
Por su parte, el viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, recordó que el PRUG del Parque Nacional de Garajonay establece las normas de gestión, de actuación y una zonificación precisa para la consecución de los objetivos fijados en materias tales como conservación, uso público, aprovechamientos, desarrollo socioeconómico, investigación, sensibilización y educación ambiental. También define las actuaciones a realizar durante su vigencia y los parámetros e indicadores que habrán de utilizarse para realizar el seguimiento y la evaluación de la planificación y del grado de cumplimiento de los objetivos previstos.