El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, apoyó la aprobación de una proposición de ley, en la sesión plenaria celebrada ayer en la Cámara Alta, para garantizar la cobertura del servicio de cajeros automáticos en los municipios en riesgo de exclusión financiera.
Chinea destacó, durante su intervención, que la aprobación de esta iniciativa, que ahora inicia su recorrido en el Senado, es un paso adelante para blindar a través de una ley la prestación de los servicios financieros básicos en todos los municipios, especialmente en aquellos territorios rurales que se han visto afectados por el cierre de oficinas bancarias y la progresiva eliminación de cajeros automáticos.
“Consideramos”, señaló el senador por la isla de La Gomera, “que se trata de un asunto que afecta especialmente a colectivos vulnerables y que ha de ser revertido inmediatamente en pos de la igualdad y la justicia social. Los datos reflejan una realidad que afecta a los municipios con menos de 5.000 habitantes y que tiene un especial impacto en la España vaciada. Y existe un perfil que se repite: las principales víctimas de la huida precipitada de las entidades bancarias son las personas mayores de 65 años, a las que, en muchos casos, no se les ha ofrecido una alternativa real y han quedado desasistidas ante la pasividad de aquellos que deben velar por sus derechos”.
El senador de ASG añadió, a este respecto, que “hablamos de un problema que afecta a todas las Comunidades Autónomas, pero que tiene, como decía antes, su epicentro en los municipios más pequeños. Los indicadores publicados recientemente por la OCU señalan que el 42% de los ciudadanos que viven en estas pequeñas localidades se han visto perjudicados por el cierre de oficinas bancarias y la retirada de cajeros. En el caso de Canarias, las principales afectadas, además de la inmensa mayoría de los núcleos rurales de todo el archipiélago, son las que nosotros conocemos como las “islas verdes”, es decir, La Gomera, La Palma y El Hierro. Es, por tanto, una realidad que, desde mi partido, seguimos muy de cerca”.
Chinea expuso que “los afectados nos transmiten su desesperación, especialmente las personas mayores, a las que les genera una enorme frustración e impotencia ante la frialdad y la insensibilidad de las entidades bancarias. Nosotros, más allá de lo que se propone en esta proposición de ley, entendemos que se deben articular las medidas que sean imprescindibles para garantizar el mantenimiento de una infraestructura física viable que incluya los servicios bancarios esenciales. Y es necesario también que determinados servicios, como los cajeros, tengan la consideración de “servicio universal” para permitir el acceso a la población”.
El senador de ASG propuso también que “se deben desarrollar, a su vez, tecnologías inclusivas que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos de manera similar a la de las oficinas. Y se debe mejorar, sobre todo, la protección y seguridad de los mayores. No solo se trata de la falta de seguridad y de habilidades digitales sino también el miedo al fraude o a cometer errores. Un hándicap que les obliga, en muchos casos, a depender de terceras personas para realizar operaciones bancarias. Les recuerdo que el exceso financiero es la segunda causa de abuso entre las personas mayores. Y, por ello, creemos que se debe desarrollar una normativa específica para protegerles y avanzar en la instalación de equipos informáticos y entornos seguros para la realización de operaciones bancarias en sedes públicas”.
Chinea planteó, además, la necesidad de que “se desarrollen programas de alfabetización digital y financiera que proporcione a las personas mayores conocimientos prácticos para alcanzar habilidades digitales y financieras básicas que les ayuden a manejar sus finanzas evitando la exclusión o la dependencia de terceros”.
El senador de ASG concluyó señalando que “es cierto que las entidades bancarias han presentado un protocolo para combatir la exclusión financiera de personas mayores, discapacitados y residentes en zonas rurales. También lo es que los gobiernos autonómicos y locales han entendido que deben tomar cartas en el asunto y han empezado a implementar medidas que aseguren el acceso al efectivo en las áreas más despobladas. No obstante, creemos que no es suficiente. Es pertinente, como se indica en la iniciativa, que “los poderes públicos articulen los instrumentos necesarios, en este caso legales, para revertir la situación y garantizar la inclusión financiera de la ciudadanía”.
