Como se suele decir, no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista. La economía de Canarias ha vuelto a funcionar, porque su principal motor, el turismo, ha vuelto. Y eso demuestra lo que ya dijimos algunos frente a los agoreros del apocalipsis: que éramos —y somos— un destino turístico absolutamente consolidado y que una vez pasaran los acontecimientos excepcionales, volveríamos a ser el lugar elegido por millones de europeos.
El gran trabajo que, a mi juicio, realizó el Gobierno durante la pandemia fue mantener vivo el tejido productivo de nuestras Islas: los hoteles, los comercios, la restauración o la industria del ocio, que durante dos años padecieron un terrible cese de actividad que causó estragos entre los más débiles. El pequeño tamaño de nuestras empresas las hace muy vulnerables ante las crisis. Y el gran mérito de las administraciones públicas fue el de comprender esa situación y volcarse en ayudar con respiración financiera asistida a quienes peor lo estaban pasando. Porque el empleo se crea en las empresas y luchar por las empresas es apostar por el trabajo.
Con una subida del PIB del 11% por encima de la media nacional y con una espectacular creación de empleo, los indicadores de Canarias avisan de una incipiente recuperación tras dos años catastróficos. Ahora bien, eso no supone que debamos bajar la guardia. Siguen existiendo importantes amenazas que pueden afectar la vida de las familias canarias. La inflación desbocada, el incremento del costo de los combustibles, el transporte y la energía, la amenaza de subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, la imposición de nueva fiscalidad medioambiental al transporte aéreo… Todos estos factores, cuya evolución escapa de nuestras competencias, nos pueden afectar en los meses venideros. Pero es una buena noticia que el grueso de nuestra economía, los servicios turísticos, estén funcionando de nuevo.
Antes de que llegara la gran crisis originada por la pandemia. Canarias tenía importantes problemas. Tuvimos que aparcarlos, porque lo importante era sobrevivir y cuidar la salud de la gente. Pero siguen ahí. Y son el origen de que en esta tierra se paguen malos salarios, de que la redistribución de la riqueza no funcione y de que el desarrollo económico de sectores estratégicos esté atascado.
Llevo años diciendo que es importante reformar la administración pública. Impulsar herramientas que consigan aumentar la productividad, incentivar a quienes trabajan y tomar medidas contra quienes no cumplan sus obligaciones. Es imperativo simplificar la burocracia, acortar los plazos en los que se responde a la sociedad y poner la maquinaria pública al servicio de los emprendedores que crean riqueza y pagan impuestos con los que se sostienen los servicios públicos esenciales.
En estos momentos, las administraciones públicas de Canarias están haciendo un esfuerzo, que es de justicia, para estabilizar a miles de empleados públicos que venían prestando sus servicios en abuso de temporalidad. Es un hecho enormemente trascendente que viene a reconocer el trabajo de quienes llevan muchos años trabajando en precario. Y creo que este esfuerzo por cumplir las normas y por garantizar la continuidad en el empleo en el sector público debería venir acompañado también de un cambio profundo en las reglas del juego.
Los ciudadanos quieren personas que les atiendan y les ayuden. Quieren llamar a la puerta de sus administraciones y que les den soluciones a sus problemas. Y no podemos seguir realizando un esfuerzo de gasto público sin que exista la contrapartida de mejorar la calidad de las propias administraciones. Y el primer problema es la maraña de normas, a veces contradictorias, en la que se mueven las administraciones.
Hay que simplificar las leyes, los reglamentos y las normas que afectan a la sociedad. Hay que ponérselo fácil a los ciudadanos y a los empleados públicos que tienen que tramitar y trabajar en los asuntos que afectan a la sociedad. Y como segundo paso, debemos poner el foco en la transparencia en el trabajo público: conocer quién funciona y quién no, quién produce, quién hace responsablemente su trabajo, que es la inmensa mayoría, tomando medidas contra quienes consideran que la función pública es una especie de lotería a perpetuidad que, una vez conseguida, no exige ningún esfuerzo.
Esa gran reforma pendiente de lo público, para impulsar su eficacia y su eficiencia, jamás se ha afrontado. Pero va siendo hora de que se haga. No existe nada que funcione si no se incentiva a quienes lo hacen bien y se le pone muy difícil a quienes se han acostumbrado a no hacer nada útil.