Llevo diciendo muchos años que Canarias está mal hecha. Porque está desequilibrada; descompensada de raíz. Cuando se construyó la Autonomía, no se hizo sobre los cabildos, sino sobre una nueva administración de carácter regional que se repartió, como trozos de una gran tarta, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que son el centro de trabajo de miles de empleados públicos y la sede de todas las instituciones.
El centralismo canario, representado en las dos grandes islas capitalinas y más concretamente en sus áreas metropolitanas, acentuó la fuerza gravitatoria que atrajo las sedes de las grandes empresas y de las grandes infraestructuras. Es decir, factores que atraen más población. Desde hace cuatro décadas, el crecimiento demográfico se ha producido en el entorno de las zonas de actividad turística y en los núcleos satélites que han crecido en torno a las dos grandes capitales.
La explotación de un turismo intensivo nos ha llevado a los dieciséis millones de visitantes. Ha promovido la importación de mano de obra y ha causado enormes impactos en el territorio. La carga de población que puede sostener la economía de las islas ha sido superada, me temo. Pero seguimos creciendo. Y lo hacemos mal.
Las dos grandes islas tienen las universidades, los grandes hospitales, los mayores puertos y aeropuertos y los centros logísticos desde donde se redistribuyen bienes y servicios al resto de la población de las islas. Lanzarote y Fuerteventura han registrado un espectacular incremento de población a través de la importación de mano de obra foránea, al calor del crecimiento del turismo. Y las tres llamadas Islas Verdes se han quedado en el congelador del desarrollo turístico, industrial, comercial o agrícola.
Toda moneda tiene dos caras. No haber sufrido una explosión del turismo nos ha privado de unos enormes recursos económicos, pero nos ha mantenido a salvo de una presión sobre el territorio que hoy comienza a aumentar sus consecuencias debido al cambio climático, especialmente, en las zonas de costa con la subida del nivel del mar. El modelo por el que hoy apostamos en las Islas Verdes es el de la sostenibilidad. Y lo podemos hacer porque nuestro medio ambiente sigue prácticamente intacto.
Las Islas Verdes, en particular, y las no capitalinas, en general, tenían una representación en el Parlamento de Canarias, similar a la de las dos islas más pobladas. Y eso sirvió, históricamente, para imponer inversiones y gasto público a quienes nunca han entendido la palabra solidaridad. Pero la última reforma electoral en Canarias ha roto esos equilibrios dando más diputados a las dos grandes islas que tienen más votos. A las más pobladas, que demandan cada vez más inversiones en infraestructuras y más gastos en servicios, que terminarán atrayendo más y más población. Un círculo vicioso que consume territorio, que devora recursos y que desequilibra una distribución razonable de los habitantes de Canarias.
El pasado de las Islas Verdes ha sido la crónica de un adiós. Muchos jóvenes han tenido que marcharse fuera de su isla. Primero para acceder a unos estudios superiores y después para conseguir un puesto de trabajo que no existe en los limitados mercados de su propia tierra. Algo está rematadamente mal cuando marcharse no es una opción, sino un destino inexorable.
En Agrupación Socialista Gomera estamos trabajando en un proyecto legislativo que vamos a presentar, junto con nuestros hermanos de las Islas Verdes, para impulsar un nuevo sistema de equilibrios y de desarrollo en Canarias. Se trata de corregir la masificación de las dos grandes islas, luchar contra el despoblamiento y el envejecimiento de la población, planteando incentivos para residir, trabajar y crear riqueza en La Palma, El Hierro y La Gomera. Tenemos una propuesta para conseguirlo y vamos a defenderla. Es perfectamente posible cambiar el destino. Y nosotros lo haremos, para conseguir una Canarias donde exista de verdad la igualdad de oportunidades.