El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó hoy, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento regional, que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo y cumplirá con los plazos de la Ley estatal 20/2021, de 28 de diciembre y sobre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En respuesta a una pregunta de la oposición, Torres subrayó que, antes de que concluya 2023, saldrán las bases y convocatorias de todos los concursos junto con los ayuntamientos y cabildos, y que, tal y como exige la UE y propicia el Gobierno central con esa ley, en 2024 se acabará con las situaciones de temporalidad, “que duran años, lustros y, en muchos casos, décadas” en distintas administraciones públicas de las Islas.
El jefe del Ejecutivo regional considera llamativo que algunos integrantes de la oposición sean muy duros con este Gobierno, que lleva tres años tratando de resolver este problema, y a la vez comprensivos con los que no lo solucionaron durante tanto tiempo. Además, y aunque subrayó que cualquier trabajador y sindicato tienen derecho a discrepar de las decisiones que se adoptan, Torres dijo que la mayoría de las centrales sindicales están en sintonía con el Gobierno de Canarias y que lo ideal es que los partidos apoyen este esfuerzo y sean “coherentes con el presente, el futuro y el pasado”.
El presidente rechazó en la misma sesión parlamentaria la demagogia sobre los servicios públicos de hemodonación y hemoterapia, remarcó que el Gobierno está cumpliendo con la Constitución y sostuvo que se responderá a todos los recursos que se puedan presentar. También insistió en que ya se han consensuado y aprobado las plazas para regularizar mediante aquel proceso legal unos 33.000 puestos de trabajo, con especial protagonismo de las áreas de Sanidad, Educación, Justicia y Administraciones Públicas.
Torres además se refirió a la reciente firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) de 2022, acto que tuvo lugar en La Palma el pasado 1 de junio, e indicó que no se trata de un plan caprichoso, sino que forma parte del Estatuto y del REF, “por lo que es de obligado cumplimiento por parte del Gobierno central”, aunque no se dotara económicamente en varios años bajo la presidencia de Mariano Rajoy.
El presidente confía en que los 42 millones actuales puedan aumentar en el futuro, destaca que en su legislatura al frente del Ejecutivo se haya ido adelantando la fecha de la firma, que Canarias haya sido reconocida como una de las comunidades que más y mejor ejecuta su plan de empleo y además el hecho de que este vaya dirigido, sobre todo, a mejorar la igualdad de oportunidades formativas, de puestos de trabajo e ingresos laborales, al enfocarse en parados de larga duración, mujeres, jóvenes y otras personas vulnerables, en algunos casos hasta de familias que no tienen otros ingresos que los que perciben del PIEC.
Para ello, se destinan 25 millones a iniciativas de empleo social, en coordinación con los 88 ayuntamientos isleños, así como 6 millones para autónomos y 4 para el fomento de ocupaciones especializadas muy demandadas en el Archipiélago, entre otras actuaciones.
Los datos del paro desmontan las tesis “apocalípticas” sobre la reforma laboral
En relación precisamente con la calidad del empleo en las Islas, Torres aprovechó otra pregunta para mostrar su “moderado optimismo” con los datos del paro en el pasado mayo, “mes históricamente poco propicio y en el que, sin embargo, bajó la cifra de desempleados en casi 6.000 personas gracias a la sociedad canaria y a la actual generación y recuperación económica”.
El presidente considera muy importante, además, que la mitad de los nuevos contratos sean indefinidos y cree que así se desmontan “los mensajes apocalípticos” de formaciones como el PP respecto a la reforma laboral del Gobierno central, la subida del salario mínimo interprofesional o la creación de una renta básica. “Cuanto mejores retribuciones hay, más se consume, se crea más economía y se comparten más los beneficios”, resumió, al tiempo que recalcó que Canarias presenta ahora el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica.
Torres insiste en su “moderado optimismo”, pero advierte de la alta inflación y del lastre económico que sigue suponiendo la ilegítima invasión rusa de Ucrania, si bien destaca los datos turísticos y confía en que las buenas cifras se confirmen en estos meses de verano y con la temporada alta a partir de otoño. “Podrán venir curvas -afirmó-, pero cogen a Canarias mejor preparada”.
Sobre el caso de las mascarillas que investiga la Fiscalía, remarcó que el Gobierno “no tiene nada que ocultar y no escatimará iniciativas para recuperar los 4 millones de euros”. Torres recordó que, desde que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad lo plantearon, se ha llevado el caso a la Justicia.
Torres indicó que la adquisición de material en los peores meses de la pandemia se hizo en las condiciones del mercado internacional, muy difíciles; que el Tribunal de Cuentas ha hecho hasta 20 informes en toda España; que su Gobierno nunca tolerará ninguna irregularidad, y que no hay que prejuzgar ni hacer juicios paralelos, sino dejar trabajar a la Justicia y luchar contra cualquier tipo de corrupción. “Si ha habido alguna irregularidad, que la pague quien la haya hecho”, concluyó.
