Las personas en exclusión residencial extrema son las que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado y estable.
A este incremento en Tenerife ha repercutido la pandemia de la COVID-19, que ha limitado el acceso a unos servicios administrativos, sociales y sanitarios cada vez más vinculados a tecnologías a las que gran parte de la población no tiene acceso fácil, de acuerdo con este estudio.
De estas 2.738 personas excluidas de una residencia, gran parte, hasta un 37%, viven directamente a la intemperie, pero también en albergues o centros de alojamiento nocturno, (8,7%), donde las plazas cada vez tienen menos rotación porque los que las utilizan no encuentran alternativas de residencia.
También hay un 15,3% de afectados que viven en alguna casa, pero no en la suya porque las han perdido ya sea por desahucios o por no poder pagar la renta; y otro 15,8% se aloja en cabañas, chabolas, caravanas o cuevas.
Cáritas ha identificado que el 73,9% de estas personas son hombres, pero las mujeres son cada vez más y han pasado de representar el 20% en 2020 al 25% en 2021, y también sube entre las personas afectadas el colectivo trans.
Por edades, los hombres sin hogar tienen de media 45 años, en el caso de las mujeres 35 años, y se han identificado 150 menores de edad viviendo con sus familias, normalmente monomarentales, si bien con seguimiento de los servicios sociales.
Por municipios, el de Santa Cruz de Tenerife es en el que más personas sin hogar se han localizado, 953; seguido de Arona, con 441; La Laguna, con 442; Adeje, con 166; Puerto de la Cruz, con 134; y Granadilla, con 128.
Cáritas ha detectado en este estudio la persistencia y cronificación de la falta de vivienda, ya que el 62% de los afectados lleva más de un año sin casa y el 32%, más de tres años.
Principales causas del sinhogarismo
El desempleo, la precariedad laboral, la falta de ayudas públicas, el agotamiento de la prestación por desempleo, los excluyentes requisitos para acceder al mercado inmobiliario, los desahucios y ejecuciones hipotecarias , la salud mental y las adicciones son algunos de los motivos que los propios afectado explican como origen de su situación.
Casi seis de cada diez de los 2.738 afectados son españoles, pero se han identificado 77 nacionalidades. Por detrás de los españoles, que son el 57,5%, están los marroquíes (6,4%), los senegaleses (4,1%), los venezolanos (4%), los italianos (3,7%) y los alemanes (1,8%).
En conjunto, el 71,4 por ciento son europeos y diez de las veinte nacionalidades con más personas afectadas son de la Unión Europea.
Estos datos indican que la proliferación de personas sin hogar no está vinculada con la llegada de personas en pateras, explicó Úrsula Peñate.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que estuvo presente en la presentación del estudio, destacó la importancia de contar con un diagnóstico sobre personas sin hogar, que hasta 2020 no existía, para así poder dirigir las políticas públicas.
Destacó que, como consecuencia de este diagnóstico, al presupuesto de 1,6 millones de euros previsto para 2021 se ha añadido un millón de euros en este ejercicio.
Marián Franquet, consejera de Acción Social del Cabildo, repasó las actuaciones de la corporación en el área y subrayó como “asignatura pendiente” la coordinación entre las administraciones públicas, dado los “complejos repartos competenciales”.
El secretario general de Cáritas en Tenerife, Ricardo Iglesias, subrayó que todas estas personas viven privadas de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española y la declaración universal de Derechos Humanos.
Este estudio, dijo el representante de Cáritas, es una herramienta útil para que el Cabildo y el resto de administraciones se enfrenten a “esta lacra social”.
Entre otras propuestas, Ricardo Iglesias planteó la necesidad de que haya un diagnóstico sobre las viviendas que hay en cada territorio, que no se puedan realizar desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que se dispongan alojamientos provisionales y que las ayudas de emergencia municipales no se condicionen a periodos mínimos de empadronamiento.
