He seguido, como muchos españoles, el debate en el Congreso de los Diputados sobre el Estado de la Nación española. Y lo he hecho desde la preocupación por la situación que estamos padeciendo y con la esperanza de conocer qué consensos se podían alcanzar para tomar medidas extraordinarias para circunstancias también extraordinarias.
La verdadera medida de la responsabilidad política se puede medir en la sociedad de un país que cuando se enfrenta a la adversidad es capaz de unirse solidariamente en un esfuerzo colectivo. La Unión Europea afronta una inflación pavorosa y una crisis energética sin precedentes, el chantaje del presidente Putin y los efectos devastadores de la guerra en Ucrania. Estos deberían ser los momentos en que la confrontación ideológica debe dar paso a eso que se llama responsabilidad de Estado.
No percibo que sea así. Esta semana he visto a un Gobierno que, con más o menos acierto, está luchando casi en solitario contra el empobrecimiento de nuestro país. Un Gobierno que ha lanzado un paquete de ayudas sociales por más de quince mil millones de euros. Que ha decidido subir las pensiones de menor cuantía para intentar aliviar la vida de los más débiles. Que mantiene su intención de subir las pensiones a la media del IPC de este año. Y que está comprometido con los colectivos que en mayor medida están padeciendo los efectos inflacionarios.
Lo que me preocupa mucho más es que en el debate político con la oposición haya tenido más peso la ideología que la economía. Me da la impresión de que se está prestando muy poca atención a las señales de alarma que amenazan nuestro futuro inmediato. La Comisión Europea ha rebajado esta semana las previsiones de crecimiento para España en 1,3 puntos para el año 2023. La situación de crisis que estamos afrontando y la inminente subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, se traducirá en un año muchísimo más duro de lo esperado, según indican los expertos. Y todo eso puede empeorar, con consecuencias sobrevenidas, si el cierre temporal del suministro de gas a países europeos se convierte este invierno en permanente.
En este panorama y hablando de Canarias, es difícil no preocuparse aún más de lo que ya estamos. Porque el flujo turístico puede verse afectado si las grandes economías de la zona euro sufren un colapso. No sé si nuestras islas van a poder soportar otro mazazo económico como el último, del que aún nos estamos recuperando. Hay miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos que han sobrevivido a duras penas en estos últimos años, luchando con uñas y dientes para no cerrar y dudo mucho que puedan sobrevivir a otra calamidad.
En el Debate del Estado, he echado de menos más políticas y soluciones adaptadas a las condiciones de un archipiélago situado a mil quinientos kilómetros de las costas del continente europeo. Es algo tan evidente que hasta la Unión Europea lo tiene establecido en el Tratado de Lisboa, que determina cómo funcionan las políticas europeas.
La España continental no es la España insular. Las medicinas con las que se tratan unas patologías a veces no valen para tratar otras distintas. Hemos conocido que se trabaja para aplicar medidas al transporte en Canarias similares a las planteadas para el territorio peninsular. Pero ha sido después de ver el revuelo armado en las islas, cuando han aclarado esto último. Porque para mi sorpresa, incluso, fuimos excluidos, inicialmente, de las ayudas a la movilidad y al transporte colectivo.
El Gobierno de España debe cumplir con las expectativas de permitir la presencia de representantes del Gobierno de Canarias en las negociaciones bilaterales entre España y Marruecos. Discutir sobre las aguas y los fondos marinos cercanos a nuestras islas vetando la presencia de Canarias es un grave error político. Porque supone no dejarnos participar en el conocimiento de nuestro propio futuro.