POR SALVADOR GARCÍA LLANOS.– A un periodista le parecen insuficientes las penas y, como aquel que quiere más sangre, pedía ayer mismo, desde el digital que dirige, que debían ser aplicadas a Zapatero y Pedro Sánchez. A saber por qué ha dejado fuera de la lista de condenables a Felipe González. Y eso que, como la inmensa mayoría de los españoles, no ha leído la sentencia del Tribunal Supremo –sencillamente porque será publicada en septiembre, después de que haya sido redactado el voto particular de dos magistradas referido a su oposición a que uno de los condenados ingrese en prisión-, en la que se condena a gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía al haber incurrido en el fraude en la gestión de recursos públicos destinados al rescate de empresas privadas que se encontraban en dificultades. Tampoco le han valido las razones que cabe esgrimir: los socialistas ya depuraron responsabilidades políticas cuando los ex presidentes de la Junta, Chaves y Griñán, dimitieron; y cuando registraron unos resultados electorales que podían interpretarse como un castigo por los errores cometidos. Ni siquiera que cuando fueron aprobadas las medidas, no se opuso grupo parlamentario alguno, que también es un detalle no menor, pues el criterio de los tribunales estriba en que la norma que sustanciaba la decisión eran fraudulenta en sí misma y perseguía, según alguna interpretación, eludir la legalidad.
Pero resulta casi anecdótica la petición del periodista en medio de la controversia que envuelve el caso. Todo lo más, un afán justiciero, una predisposición al castigo, sabiendo que el discurso o mensaje simplista prende fácilmente y cuanto más cargado de bombo, antes calará en los destinatarios.
Aquí, con arreglo a la información de la que se dispone sobre la respetable pero criticable sentencia, lo importante es la complejidad que la caracteriza y que dará pie a interpretaciones jurídicas y tesis de todo tipo. El caso juzgado, que ha hecho mucho daño a la institucionalidad andaluza, y, si nos apuran, a la justicia y a la democracia misma, habría de servir para poner a prueba la idoneidad y la capacitación de los mecanismos que, en el desarrollo legislativo, se van ideando y aprobando para hacer frente a las tentaciones de desviarse o de incumplir los procedimientos establecidos para la tramitación de los expedientes que sustentan cualquier determinación, especialmente los referidos a actuaciones financieras en materia de concesión de ayudas o subvenciones. El dinero público es sagrado.
Pero, bueno, la sentencia es un hecho que marca un antes y un después, con evidentes repercusiones políticas, aún cuando habrá que comprobar -con el texto de la sentencia sobre la mesa- si se ha producido una intromisión en la separación de poderes constitucionalmente establecida para criminalizar la acción de gobierno. Hay que acreditar actos jurídicos concretos de los que pueda derivarse responsabilidad penal. Por eso conviene aguardar a conocer el contenido de la resolución del Supremo, sobre todo, a sus fundamentos jurídicos, siquiera al conocimiento de los hechos declarados como probados. Hay un camino que se abre y podría afirmarse que ya nada será como antes, aún cuando ese camino entraña muchas incógnitas y algunas paradas que despejar.
Los socialistas ya han empezado a justificar y a defender posiciones, materia que se torna complicada porque van con el viento en contra, al menos anímicamente. Dar la vuelta, posiblemente será la tarea más ardua que hayan tenido que afrontar. Por consiguiente, lo prudente es no emitir una opinión al libre albedrío sino esperar al dictamen de la sala de admisión del recurso de inconstitucionalidad que ya se ha anunciado y, en su caso, a la deliberación y posterior resolución, tal como prescribe en su articulado (del 159 al 164) la Constitución Española.
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