El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió esta mañana, durante la sesión de control del Gobierno en el Parlamento regional, la gestión que se ha hecho en las Islas de la pandemia de la covid-19, lo que queda reflejado claramente en el hecho de que se trata de una de las regiones de Europa con menos proporción de fallecidos en función de su población.
Torres se refirió así a la gestión regional de la pandemia tras una pregunta del grupo Sí Podemos Canarias sobre el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud presentado recientemente por la ministra del ramo, Carolina Darias. El presidente de Canarias considera que se trata de una iniciativa “que merece la pena” porque, entre otras cuestiones, elimina el copago a los pensionistas que menos cobran y a otros colectivos y porque supone apostar por la universalidad de la sanidad frente a los que prefieren cerrar centros de salud, lo que denota que “se ha aprendido poco de lo ocurrido con la pandemia, que sacó a la luz la realidad de cada país, de cada región”.
El jefe del Ejecutivo contrastó lo que pasaba en “países que propugnan políticas liberales y hacían enterramientos masivos frente a lo que ocurrió aquí, donde atendimos a todos y todas, tuvieran o no papeles al día”. Según subrayó, Canarias hizo cribados masivos en las residencias de mayores y su apuesta por la sanidad pública se confirmó como fundamental, “pues estamos hablando de salvar vidas”.
Frente a los que dan becas a los que más tienen o bajan impuestos a los ricos, Torres remarca que esta ley busca “una sanidad pública mejor, de la que se siente orgullosa la mayoría social, que no la componen las rentas más altas”.
Torres también se pronunció sobre el Presupuesto estatal para 2023 y se mostró convencido de que, como el de 2022, cumplirá como nunca los preceptos cualitativos y cuantitativos del Régimen Económico y Fiscal de las Islas (REF). El presidente recuerda que eso es lo que afirman funcionarios de la Comunidad que han estado con distintos gobiernos y espera que además mejoren para 2023.
El presidente recuerda que el 75% de las cuentas regionales se nutren de partidas estatales mediante las entregas a cuenta (6.519 millones de euros), la liquidación del último año (2021) o recursos como los 400 millones para la subvención del transporte, el dinero para mercancías, el Plan Integral de Empleo (42 millones consolidados), el agua de riego (14), agua desalada o los 238 millones del superávit que se podrán usar para lo que se considere oportuno tras el acuerdo definitivo sobre el convenio de carreteras. En esta línea, se mostró convencido de que habrá cuartas cuentas autonómicas en este mandato y resaltó la importancia de ambos proyectos presupuestarios en sí mismos, especialmente en el actual escenario inflacionista y de incertidumbre internacional.
Es una “equivocación” seguir las tesis de la ultraderecha sobre migración
Sobre migración, y en respuesta al grupo Popular, afirmó que el Gobierno de Canarias debe estar haciéndolo muy bien “cuando no se pregunta por nuestras competencias, sino que se ataca al presidente de España”, al tiempo que recordó que los gabinetes de Mariano Rajoy desmantelaron todos los centros de acogida para migrantes irregulares llegados por mar. Torres volvió a criticar que se haga política con este fenómeno y considera que el PP “se equivoca siguiendo el discurso de la ultraderecha. El pueblo canario es solidario y fue migrante, sabe acoger y recibe a cualquier menor sin esperar a que se lo diga el ministerio fiscal, lo que sí ocurre con algunas regiones”.
También fue crítico con el grupo de CC y las ayudas a La Palma por el volcán. Torres insiste en que la respuesta dada por el Gobierno de Canarias y el resto de administraciones públicas es la más rápida y eficaz de la historia, y la contrastó con lo ocurrido con el Delta en 2005, cuando las ayudas tardaron dos años y fueron insuficientes, o con los apoyos por las riadas de 2010, cuyas partidas para agricultura y ganadería se tuvieron que anular seis años después por agotarse los plazos y no haber dinero.
“Construyan, trabajemos, y que no se busque sacar tajada del dolor de los palmeros”, afirmó el presidente tras recordar que la magnitud de esta catástrofe no tiene precedentes en las Islas y ser consciente de que nunca se podrá devolver los sentimientos y recuerdos perdidos para siempre por los palmeros y palmeras. No obstante, cree innegable que esa respuesta de administraciones de distinto signo está a la altura porque ya hay 139 familias con casas provisionales, porque se asume el alquiler de otras 600, porque un plan de empleo específico con 63 millones de euros ha permitido que haya 2.100 parados menos en La Palma respecto a lo que ocurría antes de la erupción, porque se han repartido 14 millones entre empresas, porque se logró mantener la ayuda al plátano del Posei para cultivos destruidos o afectados en su producción o porque se están ejecutando dos vías y otras que se ha terminado a través del Estado, el Gobierno regional y el Cabildo palmero.
Vuelta a la normalidad en el curso escolar, pero con 3.000 docentes más
Sobre el comienzo del curso escolar, el presidente destaca su normalidad por no darse ya ninguna restricción por la covid. También resalta el hecho de que se cuente con 3.000 docentes más que antes de la pandemia porque se quiere rebajar la ratio y mejorar la calidad; “por ello, los hemos mantenido tras incorporarlos en estos dos últimos cursos”, o que, por primera vez, haya aulas públicas y gratuitas con educación de 0 a 3 años, “una asignatura pendiente que ahora podemos comenzar a afrontar”.
Asimismo, subrayó que la educación pública cuenta con 30.000 trabajadores de distinto tipo en las Islas y 250.000 alumnos, que se busca un sistema “más transversal e inclusivo”, que existe una “magnífica comunidad educativa que ha superado la pandemia” y que ha sido “un buen comienzo de curso, con una suspensión de clases este lunes, que ha sido un acierto por la alerta máxima por la tormenta Hermine”.
También se refirió al problema del acoso escolar. Dijo que es algo que ocupa y preocupa al Gobierno, que se da, sobre todo, en la ESO (130 casos confirmados en el curso pasado, con 300 sospechosos), y anunció que este año se contará en cada centro con la figura de un coordinador/a para la convivencia y bienestar del alumnado. Además, recordó los programas específicos existentes, el protocolo activo junto con los ayuntamientos y que hay una línea telefónica con psicólogos y psicólogas. A su juicio, se necesita la implicación de toda la comunidad educativa y llevar esta cuestión también a las familias.
