La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, defendió hoy en el pleno del Parlamento regional que las islas cuentan ya con 84 textos legales -51 autonómicos, 28 estatales y 5 comunitarios- que velan por el desarrollo de la nueva oferta turística, motivo por el cual considera que implantar una nueva moratoria no procede actualmente.
“El archipiélago dispone de instrumentos normativos suficientes para avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado, sin necesidad de incrementar aún más la trama normativa ya existente, tanto para el alojamiento como para el resto de las actividades que abarca el turismo”, aseguró Castilla.
Además, la consejera remarcó que esta amplia normativa con la que ya cuenta Canarias se puede reforzar con la aprobación de medidas específicas, limitadas y precisas, orientadas al cumplimiento de criterios concretos de calidad, accesibilidad o circularidad, entre otros.
“Los objetivos de sostenibilidad, equilibrio territorial y redistribución social de los beneficios generados por el turismo que todos perseguimos se pueden alcanzar mediante el desarrollo adecuado de la regulación actualmente vigente”, afirmó Castilla, que descartó por lo tanto la necesidad de contar con una nueva moratoria.
De hecho, la consejera recordó que “Canarias ya se vio sumida en una moratoria total fruto de la crisis del Covid de la que el sector todavía se está recuperando”. Tal y como detalló la consejera durante su comparecencia, el número de plazas turísticas abiertas aún es un 10,1% inferior a las que se ofertaban en 2019, mientras que el sector no ha recuperado todavía el 5% de sus empresas y, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de la economía ha subido en un 3,3% respecto a diciembre del año prepandemia, en la hostelería y alojamiento este incremento sólo ha sido del 0,15%.
“Se trató de una moratoria impuesta por las circunstancias cuyas consecuencias aún no hemos superado plenamente y, frente a la cual, no podemos repetir los errores cometidos en el pasado, como tampoco podemos afrontar la remontada de la misma manera que en las crisis anteriores”, explicó la consejera.
Debate sosegado
De hecho, la consejera no descartó la posibilidad de debatir sobre la idoneidad o no de una moratoria turística. “Es cierto que es necesario iniciar un debate y un análisis en profundidad sobre la capacidad de carga que tienen nuestras islas y hacia dónde queremos avanzar, pero ha de ser sosegado y no basado en pronunciamientos con fines electorales”, afirmó.
Para la consejera, cualquier medida que se tome debe ir precedida de un proceso que cumpla con diferentes fases, la primera de ellas la realización de un diagnóstico previo y riguroso en el que se analicen factores medioambientales, demográficos, sociales, territoriales, paisajísticos, patrimoniales, entre otros. Un paso inicial al que seguiría un debate entre todos los actores públicos y privados del sector para definir un modelo de desarrollo con el mayor consenso posible.
“Finalmente, definiremos una Estrategia Turística para Canarias que incluya la planificación y gestión de la actividad desde una mirada ecosistémica, integrada y sostenible con el territorio en el que se asienta, atendiendo a sus particularidades territoriales y sociales específicas de cada isla”, aseguró Castilla.
De esa manera, la consejera considera que se podrá determinar la necesidad o no de limitar cuantitativamente el incremento de la oferta turística o, en su caso, determinar la aplicación de criterios cualitativos que definan las líneas para su expansión futura.
“El concepto de moratoria en sí mismo implica la asunción de medidas temporales que, en muchos casos, no resuelven la raíz del problema”, aseguró Castilla, que plantó que “el objetivo debe ir más allá de la visión cortoplacista que implica la aplicación de una norma legal que se limite a prohibir la apertura de nuevos establecimientos por un tiempo determinado”.
“El camino hacia un modelo equilibrado y sostenible se debe asentar sobre una ordenación del crecimiento de la oferta alojativa y debe garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica en todos los ámbitos”, concluyó la consejera.
