El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Sebastián Franquis, al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas. A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.
Tras el visto bueno de hoy del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.
El consejero Franquis afirmó que con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.
Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.
Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.
Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.